La Asamblea Nacional dio luz verde en primera discusión a la modificación de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, un proyecto que busca captar inversores internacionales bajo un régimen de concesiones y que obligará a las empresas a indemnizar a los usuarios por apagones.
La Asamblea Nacional (AN) dio el primer paso legislativo para reconfigurar el modelo energético del país. Durante la sesión ordinaria de este martes 2 de junio, el Parlamento aprobó en primera discusión el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, una iniciativa que apunta a romper el monopolio estatal y estimular la participación de capitales privados y mixtos para mitigar la crisis de fluctuaciones y racionamientos que afecta a la nación.
El diputado Orlando Miranda argumentó la urgencia de la reforma admitiendo que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ha mostrado severas «limitaciones estructurales» y financieras para cubrir la demanda interna. Desde el seno de la AN se expuso que las restricciones comerciales derivadas de las sanciones estadounidenses han impedido la compra de repuestos para reactivar el parque termoeléctrico nacional, provocando una dependencia crítica de la Central Hidroeléctrica de Guri.
Inversión privada, tarifas reales y contraloría civil
De acuerdo con Miranda, la propuesta —enviada originalmente por el Ejecutivo a cargo de Delcy Rodríguez— plantea una «estrategia táctica» que introduce un riguroso esquema de concesiones temporales. Este mecanismo mantendrá la supervisión pública, pero exigirá corresponsabilidad civil y penal a las operadoras privadas.
El proyecto de ley introdujo dos elementos clave que marcarán el debate económico:
Sustentabilidad financiera: El diseño de un nuevo pliego tarifario basado en costos reales que garantice una rentabilidad «razonable» para los inversionistas, condicionada estrictamente a criterios de eficiencia operativa.
Protección al consumidor: Las empresas distribuidoras y comercializadoras estarán obligadas por ley a compensar económicamente a los ciudadanos por los daños materiales o pérdidas de equipos causados por deficiencias del servicio o apagones.
Por la bancada de la oposición, el parlamentario Ezio Angelini condicionó el respaldo definitivo de su sector a la inclusión de la descentralización del servicio y a la ejecución de procesos de transparencia. «Hay que hacer una auditoría muy importante de qué ha pasado con todos los recursos que se le han dado al sector eléctrico», fustigó Angelini, quien contrastó los balances energéticos advirtiendo un déficit actual donde el consumo nacional (14.000 megavatios) supera la generación real en el país (12.000 megavatios).
El factor geopolítico y la urgencia en el Zulia
Contactos internacionales: El debate parlamentario coincide con una serie de movimientos de diplomacia comercial iniciados semanas atrás para subsanar el colapso energético, con especial énfasis en la región zuliana.
En abril se confirmaron acercamientos con las corporaciones transnacionales Siemens y General Electric orientados a la reactivación de plantas en el occidente del país. Asimismo, a mediados de mayo, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, sostuvo un encuentro de trabajo con el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, abriendo una ruta de cooperación técnica para la reconstrucción y estabilización del tendido eléctrico nacional. El proyecto de ley avanzará ahora hacia la fase de consultas públicas antes de su segunda y definitiva discusión.
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