Tras tres diferimientos del debate parlamentario, la Asamblea Nacional (AN) sancionó este martes 10 de noviembre por unanimidad la reforma parcial del marco regulatorio del sector eléctrico, orientada a incentivar la participación e inversión del sector privado y corporaciones internacionales para hacer frente a la crisis del servicio y al aumento de la demanda energética en el país.
El texto legal de la renovada Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico —que se suma a las recientes adecuaciones normativas para la apertura comercial del subsuelo— estipula formalmente que las labores de generación podrán ser desarrolladas tanto por el operador público estatal como por empresas mixtas y entes privados debidamente habilitados.
Concesiones, reversión de activos y resolución de conflictos
La normativa promulgada establece los parámetros bajo los cuales operará la inversión privada en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN):
Plazos y permisos: El Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica otorgará concesiones por un período de hasta 25 años para proyectos de generación que superen los 50 megavatios (MW), o que impacten la red de transmisión troncal, distribución y comercialización regional.
Transferencia a Corpoelec: Al culminar el período de la habilitación, la infraestructura, bienes y equipos construidos o adquiridos por la concesionaria deberán ser restituidos y transferidos a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) libres de todo gravamen.
Arbitraje y resolución: Las diferencias que surjan en la aplicación de los contratos y que no logren acuerdo amistoso podrán solventarse ante tribunales venezolanos o a través de mecanismos alternativos, incluyendo arbitraje y mediación.
Durante la sesión, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, enfatizó que la reforma «no promueve en modo alguno la privatización» del patrimonio público, sino un esquema de apertura para incorporar capitales en la generación y autogeneración.
Exigencias de autogeneración para el sector petrolero
El cuerpo normativo dedica un apartado exclusivo a la industria de los hidrocarburos, obligando a las operadoras petroleras a garantizar el suministro continuo y estable de energía para sus procesos primarios mediante esquemas de autogeneración, cogeneración o contratación de terceros, a fin de blindar su autonomía operativa.
La ley precisa además que ni los consorcios petroleros ni las sociedades independientes de generación requerirán licencias estatales previas para producir energía destinada a sus circuitos internos, salvo que decidan interconectarse a la red eléctrica nacional.
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