La Asamblea Nacional nombró este martes una comisión especial de 11 diputados para redactar, con carácter de urgencia, la reforma parcial de la «Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia». La instancia legislativa estará encabezada por el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, luego de que la solicitud fuera planteada por Delcy Rodríguez, quien reconoció que la normativa ha sido utilizada de forma abusiva.
En respuesta a una solicitud formal presentada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la Asamblea Nacional (AN) designó este martes 29 de septiembre a una comisión integrada por 11 parlamentarios con la tarea de redactar el proyecto de reforma parcial de la «Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia».
«Vamos a conformar una comisión especial que hemos denominado comisión especial de proyecto de ley de reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (…) a los efectos de que se aboquen de inmediato al trabajo de conformación y de redacción del proyecto de reforma de ley», indicó el presidente del Parlamento, diputado Jorge Rodríguez.
Integración de la comisión
La directiva de la instancia legislativa quedó presidida por el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante. El equipo de trabajo se completa con la participación de los legisladores oficialistas Jorge Arreaza, América Pérez, Carolina García Carreño, Willy Medina, Tania Díaz, Jehyson Guzmán y Nicolás Maduro Guerra, además de los diputados de oposición Amelia Belisario, Luis Romero y Rubén Lima.
La iniciativa de reforma surge luego de que Rodríguez solicitara al Poder Legislativo tramitar la modificación de la ley «con carácter de urgencia». Publicada originalmente en noviembre de 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente en un contexto de crisis política, la normativa ha sido históricamente cuestionada por la Plataforma Unitaria Democrática como un instrumento represivo y señalada por organizaciones no gubernamentales por restringir la libertad de expresión y la labor periodística. Posteriormente, en un acto público con caficultores en el estado Portuguesa, la funcionaria admitió que el marco legal fue objeto de «mala aplicación» y uso abusivo.
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