Jorge Rodríguez solicita una prórroga de 48 horas para alcanzar el «consenso absoluto», tras revelar que algunos aspirantes con prontuario intentaron filtrarse en el proceso de selección.
El Parlamento venezolano ha decidido extender el plazo para la renovación de las jefectoras del Poder Ciudadano. Durante la sesión ordinaria de este martes en el Palacio Federal Legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó que el cuerpo legislativo aún no ha alcanzado un acuerdo definitivo para designar a los nuevos titulares de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo.
Ambos cargos, que permanecen ocupados de forma interina tras las renuncias de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz hace varias semanas, requieren de una evaluación técnica más profunda para garantizar la idoneidad de los seleccionados.
Entre credenciales récord y «filtraciones» de riesgo
Rodríguez destacó que el proceso de postulación ha sido histórico en términos de participación, logrando un «récord de inscripciones». No obstante, lanzó una advertencia sobre la calidad de algunos perfiles que intentaron optar a los cargos:
«La mayoría cumple con las credenciales, pero también había malandros que se quisieron colar y tenían antecedentes penales», denunció el jefe del Legislativo.
Tras una depuración inicial, el universo de aspirantes se ha reducido a un grupo de casi 60 personas que actualmente están bajo evaluación. Según Rodríguez, este grupo seleccionado posee requisitos «más que suficientes» para ejercer las altas magistraturas.
En busca de la «piedra filosofal» del consenso
Ante la falta de una decisión unánime, el presidente de la AN propuso formalmente una prórroga de 48 horas para que la Comisión Especial culmine la revisión de los perfiles. El objetivo, según sus palabras, es encontrar la «piedra filosofal del consenso» antes de someter los nombres a votación en la plenaria.
Nueva fecha límite: Se espera que el anuncio oficial de las designaciones se realice el próximo jueves 26 de marzo.
Mandato de la Comisión: Evaluar exhaustivamente la solvencia moral y profesional de los 60 preseleccionados para asegurar que los nuevos funcionarios estén a la altura de la reinstitucionalización del país.
Con este movimiento, el Legislativo busca blindar el nombramiento de los nuevos jerarcas del Poder Ciudadano, evitando que el apuro comprometa la transparencia y la legalidad de un proceso que se considera vital para la estabilidad jurídica de la nación.
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