El Parlamento detuvo la segunda discusión de la reforma tras aprobar los primeros 12 artículos. La normativa, que busca sustituir la ley vigente desde 1999, es pieza clave para la apertura del sector al capital extranjero y responde al interés estratégico de empresas estadounidenses tras la flexibilización de sanciones al oro venezolano.
En una sesión ordinaria marcada por la expectativa económica, la Asamblea Nacional (AN) acordó este jueves diferir la segunda discusión del Proyecto de Ley de Minas. La decisión se tomó tras la lectura y aprobación de los primeros 12 artículos de un total de 130, con el objetivo de profundizar el debate nacional y recibir mayores aportes de la ciudadanía y los sectores involucrados.
Seguridad jurídica y arbitraje: Los pilares de la reforma
La propuesta legislativa, presentada por el diputado Orlando Camacho (Movimiento Somos Venezuela), representa un giro estructural en la política minera del país. Entre los puntos ya validados por la plenaria, destaca el Artículo 11, que otorga facultades expresas al Ministerio de Minas para fomentar la inversión privada y extranjera bajo un esquema de «seguridad jurídica».
Asimismo, el Artículo 9 introduce una novedad de alto impacto para los inversores internacionales: la posibilidad de resolver controversias mediante mecanismos alternativos como la mediación y el arbitraje, alejándose de la exclusividad de los tribunales nacionales en caso de conflictos contractuales.
El factor Washington en la ecuación minera
El impulso de esta ley coincide con un deshielo en las relaciones comerciales entre Caracas y Washington. El avance parlamentario se produce apenas días después de la visita oficial del Secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, quien manifestó el interés de empresas norteamericanas por retomar operaciones en suelo venezolano.
Este contexto ha acelerado hitos financieros significativos, como las negociaciones con la estatal Minerven para la venta de una tonelada de oro (valorada en 165 millones de dólares) y la reciente licencia emitida por el Departamento del Tesoro de EE. UU., que autoriza formalmente actividades comerciales en un sector que permaneció sancionado durante años.
Hacia un nuevo marco legal
De concretarse su aprobación definitiva, esta legislación derogará la Ley de Minas vigente desde 1999 (reformada por decreto en 2013). La nueva normativa no solo abre la puerta a las grandes transnacionales, sino que también reconoce y regula la minería artesanal ejercida por personas naturales, buscando formalizar una actividad clave para la economía de las regiones del sur del país.
El debate artículo por artículo se reanudará en la próxima sesión legislativa, una vez que la comisión especial procese las nuevas propuestas surgidas del diálogo con las comunidades y actores económicos.
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