La Casa Blanca ha declarado que los despidos de trabajadores públicos son «inminentes» como consecuencia directa del cierre del Gobierno federal que comenzó este miércoles ante la falta de acuerdo presupuestario entre republicanos y demócratas en el Congreso.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó la grave situación en una rueda de prensa, señalando: «Consideramos que los despidos son inminentes. Lamentablemente, son una consecuencia de la paralización del Gobierno». Leavitt atribuyó la responsabilidad del cierre a los demócratas.
En una llamada posterior con periodistas, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), Russell Vought, indicó que la medida de despido podría implementarse en tan solo «dos días». Sin embargo, Leavitt no pudo proporcionar una fecha exacta ni un volumen aproximado de los despidos al ser consultada.
Esta potencial medida está alineada con el objetivo de la Administración Trump de reducir la administración federal. La OMB ya había emitido un memorando previo solicitando a las agencias identificar programas clasificados como no esenciales para activar los despidos en caso de una paralización prolongada.
Estancamiento en el Congreso y Acusaciones
El mismo miércoles, el Senado rechazó dos propuestas presupuestarias presentadas por separado por demócratas y republicanos, lo que confirmó el estancamiento que mantiene el Gobierno parcialmente cerrado.
La Administración Trump ha acusado a los demócratas de obstaculizar el acuerdo al exigir un incremento en las partidas y subsidios de sanidad, alegando que buscan ofrecer atención sanitaria gratuita a «inmigrantes ilegales». Los demócratas requieren estas concesiones para apoyar en el Senado un presupuesto que permita la reapertura del Gobierno.
Consecuencias Laborales del Cierre
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), aproximadamente 750.000 empleados federales considerados no esenciales ya han sido suspendidos temporalmente de empleo y sueldo debido al cierre.
Mientras tanto, más de 1.5 millones de funcionarios, que incluyen personal esencial como fuerzas de seguridad y controladores aéreos, continúan trabajando. No obstante, no percibirán sus salarios hasta que se resuelva la paralización administrativa, añadiendo una capa de incertidumbre financiera a millones de familias.
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