
Los abogados de la diputada y esposa de Nicolás Maduro presentaron una moción ante la justicia federal estadounidense para trasladarla a una residencia privada bajo estrictas medidas de seguridad, argumentando complicaciones cardíacas graves y pérdida de peso durante su reclusión preventiva.
La defensa legal de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, solicitó formalmente este miércoles 10 de septiembre a la justicia federal de Nueva York la concesión de un régimen de arresto domiciliario, argumentando que su estado de salud y los problemas cardíacos que padece hacen inviable su continuidad en el centro penitenciario federal donde permanece recluida desde su detención el pasado mes de enero.
De acuerdo con el documento presentado ante la corte, los representantes legales de la legisladora de 69 años plantearon su traslado a una residencia privada en la ciudad, ofreciendo un esquema de vigilancia que contempla guardias armados las 24 horas, el uso de un dispositivo de localización electrónica, restricciones en las visitas y la intervención de sus comunicaciones telefónicas, además de asumir de forma particular los costos de esta medida y la retención de su pasaporte.
Cuadro clínico y antecedentes procesales
El escrito detalla que la detenida ha experimentado episodios recurrentes de dolor torácico, arritmias, dificultades respiratorias y una pérdida de peso superior a los 11 kilos. Asimismo, la defensa indicó que el pasado 29 de julio sufrió un episodio crítico de salud que, según estiman, pudo tratarse de un infarto leve, condición que —afirman— no cuenta con la atención especializada requerida dentro de la estructura carcelaria.
Cilia Flores y Nicolás Maduro fueron capturados en Caracas durante una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses a inicios de enero y trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos ante la justicia federal vinculados a narcotráfico y terrorismo, delitos de los cuales ambos se han declarado no culpables.
Mientras el proceso avanza hacia la fase previa al juicio —programado por el juez federal Alvin K. Hellerstein para el 1 de junio de 2027—, las defensas han introducido recursos para intentar desestimar los cargos, fundamentándose en alegatos de inmunidad soberana y cuestionamientos sobre la legalidad de la aprehensión. Está prevista una audiencia clave para el próximo 17 de noviembre, en la cual la corte evaluará dichas mociones.
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