Transcurrida una semana desde la militarización de San Antonio del Táchira y la deportación de más de mil colombianos a su país, hasta ayer continuaba la movilización de estas personas por el río fronterizo, retirando sus enseres.
Habitantes de la invasión Mi Pequeña Barinas han regresado paulatinamente para retirar sus televisores, radios, cocinas, colchones y demás, luego de la visita de militares al sector, solicitando su desalojo.
Con las marcas “R” de revisado y “D” de demolición sobre sus viviendas, mujeres y hombres, desde niños a ancianos, cargan a cuestas sus cosas para trasladarlos a territorio colombiano, donde les han ofrecido albergues para descansar, con alimentación incluida, mientras el gobierno colombiano determina qué hacer con ellos.
Hay casos puntuales como el de un neogranadino con nacionalidad venezolano, residenciado en la zona desde el año 2.000, llamado Nelson Ballesteros Cuevas, quien estaba en Cúcuta cuando inició la militarización de la frontera. Ayer pudo regresar a su casa y para su sorpresa, le habían robado todo lo que tenía. “Aunque hay personas que dicen que fueron los militares, otros argumentan que fueron los propios vecinos, quienes se aprovecharon de la situación para llevarse mis cosas”, dijo.
Alexandra Carreño, colombiana con nueve años viviendo en la invasión y madre soltera de una hija venezolana de ocho años, recogía ayer la ropa que no había podido llevarse antes de su deportación. “Me llevé a mi hija. Estamos viviendo en el río, en territorio colombiano. Regresé para llevarme lo que me quedaba antes de la demolición de lo que era mi vivienda”, destacó la mujer.
Las autoridades militares justificaron las deportaciones de los colombianos que habitan en estas invasiones porque vivían en una zona de seguridad militar.
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