La presidenta encargada asegura que la liberación de detenidos es una iniciativa soberana y ratifica su compromiso de corregir fallas en el sistema judicial.
En una reciente entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aclaró que la liberación de prisioneros —proceso iniciado en diciembre de 2025 y acelerado tras la caída de Nicolás Maduro— responde a una agenda exclusivamente nacional y no a exigencias del gobierno de Donald Trump.
Una iniciativa sin «tutela» externa
Rodríguez fue enfática al separar la cooperación energética con Washington de las decisiones de política interna en materia de derechos humanos.
“Este es un tema que no ha estado en la agenda bilateral con los EE. UU. Ha sido una iniciativa de Venezuela”, afirmó la mandataria, descartando que las medidas de gracia formen parte de un canje o negociación con la Casa Blanca.
Reforma judicial y compromiso de libertad
Al ser consultada sobre el futuro de quienes son considerados «presos políticos», Rodríguez asumió el compromiso de continuar con las liberaciones, aunque defendió la actuación histórica de los tribunales venezolanos:
Evaluación del sistema: Informó que el Poder Judicial atraviesa una revisión profunda para corregir anomalías.
Defensa institucional: Sostuvo que, pese a sus fallas, el sistema de justicia fue clave para «mantener la paz» en años anteriores.
Ley de Amnistía: Respaldó el proyecto de ley que cubriría casos desde 1999, cuyo debate definitivo en la Asamblea Nacional fue reprogramado para la próxima semana.
Disparidad en las cifras
El balance de las excarcelaciones presenta visiones encontradas entre el Ejecutivo y los sectores sociales:
Versión Oficial: El gobierno asegura haber liberado a más de 800 personas desde finales del año pasado.
Organizaciones Civiles: Diversas ONG y grupos de derechos humanos sostienen que la cifra real de liberados apenas alcanza la mitad de lo reportado por las autoridades interinas.
Este proceso de liberación masiva se mantiene como uno de los pilares de la gestión de Rodríguez para intentar la pacificación política del país, mientras la comunidad internacional observa de cerca el cumplimiento de las garantías procesales.
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