Mientras la administración de Donald Trump perfila a Delcy Rodríguez como la figura central para liderar una transición política en Venezuela, el historial diplomático de la actual vicepresidenta ejecutiva enfrenta un obstáculo significativo en el continente europeo. Rodríguez encabeza la lista de los 69 funcionarios venezolanos sancionados por la Unión Europea (UE), una medida recientemente ratificada hasta enero de 2027.
Un estatus de «Persona Non Grata» en Europa
A diferencia del nuevo canal de comunicación abierto por Washington, Bruselas mantiene una postura restrictiva sobre Rodríguez desde junio de 2018. El Consejo de la UE sostiene que la funcionaria ha incurrido en acciones que «socavan la democracia y el Estado de Derecho», lo que conlleva tres restricciones fundamentales:
Prohibición de viaje: Vetada la entrada o tránsito por cualquier territorio de la Unión Europea.
Congelación de activos: Bloqueo de cualquier propiedad o cuenta financiera en jurisdicciones europeas.
Veto financiero: Prohibición a ciudadanos y empresas de la UE de suministrarle fondos o recursos económicos.
El precedente del «Delcygate» y el revés judicial
La relación de Rodríguez con Europa ha sido conflictiva. En enero de 2020, su escala en el aeropuerto de Madrid generó una crisis política en España y un debate en el Parlamento Europeo sobre la integridad de las sanciones. Pese a los intentos de su defensa por revertir estas medidas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desestimó sus recursos en 2021, confirmando que la inclusión en la «lista negra» estaba legalmente fundamentada.
Prórroga de sanciones hasta 2027
En una decisión tomada el pasado 15 de diciembre, los ministros de Exteriores de la UE prolongaron el régimen de sanciones un año más, abarcando no solo a Rodríguez, sino también a figuras como Diosdado Cabello y el fiscal Tarek William Saab.
El bloque europeo ha reiterado que estas medidas no son un fin en sí mismas, sino una herramienta para «apoyar una solución negociada y democrática». Sin embargo, la paradoja es evidente: la persona que Estados Unidos identifica como «interlocutora válida» y «mujer muy preparada» para estabilizar el país, es la misma que tiene prohibido aterrizar en suelo europeo bajo cargos de represión y erosión democrática.
Desafío diplomático para la transición
La dualidad de criterios entre la Casa Blanca y Bruselas plantea un escenario complejo para la operatividad internacional de Rodríguez. Mientras Trump apuesta por una gestión directa —apoyada por el secretario de Estado, Marco Rubio—, la Unión Europea condiciona su reconocimiento a cambios sustanciales en la situación de derechos humanos y el orden constitucional de Venezuela.
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