La alta funcionaria del Ejecutivo, Delcy Rodríguez, promulgó este martes 25 de agosto la Ley de Promoción y Protección para la Construcción de Viviendas, un marco jurídico de 40 artículos diseñado para eliminar trabas burocráticas, incentivar nuevos desarrollos inmobiliarios y proteger tanto a constructores como a compradores. La normativa surge como respuesta estructural ante el impacto del doble terremoto del pasado 24 de junio, siniestro que dejó más de 6.500 fallecidos y cerca de 17.900 personas sin hogar, requiriendo un plan que proyecta la construcción de miles de soluciones habitacionales en el país.
En medio de las acciones orientadas a la recuperación y reordenamiento urbano tras la emergencia telúrica que afectó fuertemente a diversas regiones del país, el Ejecutivo nacional dio luz verde este martes a una nueva legislación en materia habitacional.
Promulgación y objetivos de la nueva normativa
Durante una transmisión oficial de Venezolana de Televisión (VTV), la administración central procedió a sancionar formalmente el instrumento legal aprobado previamente el pasado viernes 21 por la Asamblea Nacional (AN).
Eliminación de obstáculos: «Esta ley va a buscar promover, construir, más viviendas. Quitar cualquier tipo de traba, de limitación, de dificultad, de complejidad y que nosotros podamos garantizar mayor disponibilidad de viviendas. Aprovecho para sancionarla, estoy firmando en este momento la ley», enfatizó la mandataria encargada durante el acto oficial.
Evaluación de daños: Como parte del balance preventivo, se informó que las comisiones técnicas han ejecutado más de 61.000 inspecciones en edificaciones de las zonas impactadas, de las cuales unas 11.000 estructuras fueron catalogadas en condición de «alto riesgo».
Detalles legales, fiscalización y metas de construcción
La ley, compuesta por 40 artículos, establece rigurosos parámetros para regular los contratos de compraventa, exigir cronogramas de ejecución transparentes y obligar a las constructoras a constituir fideicomisos de respaldo. Asimismo, contempla un régimen sancionatorio con multas severas —que oscilan entre el equivalente a 300 y hasta 54.000 veces la moneda de mayor valor según la tasa oficial del día— ante retrasos en la permisología, desacatos o incumplimientos contractuales.
En el ámbito de la ejecución directa de obras, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, detalló que actualmente se adelanta la construcción de 3.000 nuevos hogares en la localidad de Catia La Mar, estado La Guaira.
Si bien las estimaciones legislativas apuntan a la necesidad de levantar unas 25.000 viviendas para socorrer a los ciudadanos que perdieron sus moradas tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 de junio pasado, el Ejecutivo reiteró el compromiso de realizar entregas mensuales progresivas con la meta de culminar 4.000 unidades habitacionales para el mes de diciembre, sumándose a las 335 casas nuevas ya entregadas y los 1.001 inmuebles rehabilitados hasta la fecha.
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