El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha intensificado la presión financiera sobre el régimen de Nicolás Maduro, anunciando una nueva y significativa ronda de sanciones dirigidas al círculo íntimo del líder venezolano y de la primera dama, Cilia Flores. Esta acción resalta el continuo esfuerzo de Washington por desmantelar las redes de corrupción y limitar el acceso a los sistemas financieros internacionales por parte de funcionarios y allegados al gobierno.
Foco en redes de transparencia financiera
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EEUU fue la encargada de hacer pública la inclusión de varios individuos en su lista de Sanciones, señalando presuntos vínculos directos con opacidad financiera en operaciones de alcance internacional. La medida subraya la preocupación de Washington por el uso de estructuras financieras complejas para, supuestamente, ocultar o movilizar activos de origen ilícito.
Las sanciones se centran específicamente en miembros de la familia Malpica Flores, parientes de la primera dama, así como en asociados clave del empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, previamente sancionado.
Los nuevos nombres en la lista negra
Entre las personas designadas, la OFAC menciona directamente a:
Eloísa Flores de Malpica: Familiar directa de Cilia Flores.
Carlos Evelio Malpica Torrealba: Sancionado por su presunta participación en operaciones económicas en beneficio del régimen.
Iriamni Malpica Flores: También incluida en la lista negra por sus nexos familiares y económicos.
La acción no se detiene en el entorno familiar directo. También fueron sancionados Roberto Carretero Napolitano y Vicente Carretero Napolitano, quienes, según el comunicado del Tesoro, están vinculados a negocios regionales que habrían servido como fachada o mecanismo para operaciones financieras del círculo cercano a Maduro.
Efecto de las sanciones
La inclusión en la lista de la OFAC implica la congelación inmediata de todos los activos que estas personas posean bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a cualquier ciudadano o entidad de EEUU realizar transacciones con ellos. Este tipo de medidas busca no solo penalizar a los individuos, sino también generar un efecto disuasorio sobre entidades financieras internacionales que pudieran facilitar sus actividades.
Esta ampliación de sanciones representa una señal clara de la postura de enfrentamiento de Estados Unidos contra lo que califica como la erosión de la democracia y la corrupción sistemática en Venezuela. El Departamento del Tesoro reitera que continuará utilizando todas las herramientas a su disposición para presionar por una transición democrática en el país suramericano.
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