La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este lunes 1 de diciembre el cierre de su oficina de enlace en Caracas, instalada en 2024, debido a la «falta de progreso real» por parte de Venezuela en cumplir con el principio de complementariedad, requisito clave para que el tribunal internacional ceda su jurisdicción.
El anuncio fue realizado por el fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, durante su discurso de apertura en la 24.ª Asamblea de Estados Parte de la CPI. Niang explicó que, a pesar del «compromiso sostenido» con las autoridades venezolanas, la Fiscalía concluyó que «el progreso real sigue siendo un reto» en la cooperación para investigar los crímenes de lesa humanidad denunciados.
“Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas,” señaló Niang.
Investigación Activa, Cambio de Táctica
El cierre de la sede en la capital marca un punto de inflexión en la relación operativa entre la CPI y Caracas. La oficina había sido presentada en abril de 2024 por el fiscal Karim Khan como una «oportunidad única» para avanzar en las investigaciones y proveer apoyo técnico.
A pesar de esta clausura física, el fiscal adjunto fue enfático al subrayar que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela «permanece activa». El caso será ahora gestionado y dirigido por un equipo de fiscales que continuará su labor desde la sede central de la CPI en La Haya.
El Nudo de la Complementariedad
El principio de complementariedad exige que la justicia nacional investigue seriamente los crímenes que caen bajo la jurisdicción de la CPI antes de que el tribunal internacional intervenga.
Venezuela siempre ha rechazado la investigación, argumentando que su sistema judicial estaba llevando a cabo sus propias investigaciones internas. Sin embargo, en 2023, la Corte rechazó esta posición del gobierno de Nicolás Maduro y autorizó la reanudación de las pesquisas por crímenes cometidos desde 2017.
El cierre de la oficina subraya las dificultades encontradas por la Fiscalía para trabajar de manera efectiva junto al Estado venezolano, forzando un cambio de estrategia para el equipo que investiga el caso que inició en 2018 a raíz de la remisión de varios países.
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