En una reveladora entrevista concedida a la cadena CBS News, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, defendió la ofensiva militar contra Venezuela bajo una premisa de costo-beneficio. Hegseth aseguró que, a diferencia de conflictos pasados, esta operación garantiza el acceso a recursos estratégicos sin el desgaste humano y financiero que caracterizó a otras intervenciones.
El modelo Trump: «Recursos a cambio de acciones»
Hegseth estableció una clara distinción entre la actual «operación de extracción» de Nicolás Maduro y la guerra de Irak, criticando las políticas exteriores de décadas anteriores.
«Gastamos décadas, sacrificamos sangre y no obtuvimos nada a cambio. El presidente Trump ha dado un giro total a la situación», afirmó el secretario. Según Hegseth, la visión del mandatario republicano se basa en el uso de acciones estratégicas que permitan a EE. UU. aprovechar la riqueza de naciones intervenidas como compensación por el despliegue de su poderío.
Control total de la transición
El titular de la cartera de Guerra fue enfático al señalar que, tras la neutralización de la cúpula chavista, es Washington quien «establece los términos» del juego político en Caracas.
Liderazgo indiscutible: Hegseth atribuyó la situación actual a la «valiente decisión» de Trump, la cual, a su juicio, restaura el dominio estadounidense en el hemisferio.
Gestión directa: La Casa Blanca ha dejado claro que no delegará el control de Venezuela a terceros. «No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control», reiteró el propio Trump horas antes.
Una administración «Made in USA»
El plan de la administración Trump no solo incluye la custodia de Maduro y su procesamiento en Nueva York, sino la dirección total de la política interna venezolana hasta que Washington certifique una «transición segura». Este enfoque sugiere que el acceso a la infraestructura petrolera y los recursos minerales de Venezuela será el eje central de la gestión estadounidense en el país caribeño.
Con estas declaraciones, el Pentágono abandona la retórica tradicional de «promoción de la democracia» para adoptar un lenguaje de realismo económico, donde el éxito de la misión se mide por la capacidad de asegurar activos estratégicos para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
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