En el marco del inicio del período legislativo 2026-2031, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, entregó este miércoles a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, un ambicioso plan de reforma estructural. La propuesta busca erradicar la «dispersión normativa» del país a través de un reordenamiento integral que sintetice las leyes vigentes en ocho cuerpos legales fundamentales.
El fin de la dispersión legislativa
Durante el acto celebrado en el Palacio de Miraflores, el jefe del Parlamento enfatizó que la actual complejidad del sistema legal dificulta la eficiencia institucional y el acceso a la justicia para el ciudadano común.
“Es imperativo poner orden en el árbol legislativo de la nación. No podemos seguir operando bajo un marco jurídico fragmentado; necesitamos instrumentos modernos que garanticen coherencia y funcionalidad”, afirmó Rodríguez.
Los pilares de la nueva arquitectura jurídica
El proyecto de codificación presentado contempla la creación de instrumentos especializados para cada área de la vida nacional:
Justicia y Sociedad: Un nuevo Código Penal Popular y un Código Civil renovado.
Economía: Un Código Económico y de Comercio Productivo adaptado a las nuevas realidades del mercado.
Protección Social: El Código Social Venezolano y un Código de Protección Integral para sectores vulnerables.
Participación y Ambiente: Se incluyen un Código Electoral unificado, un Código de Democracia Directa y un Código Ecológico Ambiental.
Hoja de ruta 2026-2031: Seis ejes estratégicos
Más allá de la codificación, Jorge Rodríguez delineó la agenda de trabajo que marcará la pauta del Poder Legislativo durante el próximo quinquenio, centrada en seis dimensiones prioritarias:
Consolidación de la Paz Nacional.
Aceleración del Crecimiento Económico.
Empoderamiento del Poder Popular.
Estímulo al Emprendimiento.
Defensa de la Vida.
Garantía de la Seguridad Ciudadana.
El presidente del Parlamento ratificó el compromiso de la Asamblea Nacional de trabajar en estrecha coordinación con el Ejecutivo para modernizar el Estado, asegurando que este reordenamiento legal es el paso necesario para consolidar la estabilidad institucional tras los últimos eventos electorales y políticos del país.
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