Asamblea Nacional evitó confirmar teorías de conspiración interna en torno a los hechos del pasado 3 de enero, reiterando su confianza en la vía diplomática y el Estado de derecho.
CARACAS — En declaraciones ofrecidas a Unión Radio, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Nicolás Maduro Guerra se pronunció sobre los acontecimientos que rodearon la captura de su padre, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, ocurrida el pasado 3 de enero, prefiriendo no emitir juicios concluyentes sobre si la operación obedeció exclusivamente a una incursión extranjera o a una presunta traición dentro de la cúpula oficialista.
Consultado directamente sobre una posible delación en el seno del Ejecutivo, el parlamentario zanjó el tema señalando que tales incógnitas «se responderán en algún momento histórico», al tiempo que indicó que existen investigaciones de carácter político y militar en curso cuyos resultados se conocerán más adelante.
Rechazo a la intervención y defensa de la vía diplomática
Durante la conversación, el legislador calificó la incursión de fuerzas estadounidenses en territorio venezolano como un acto violatorio del derecho internacional: «Lo que pasó el 3 de enero, bueno, fue una ilegalidad, una irrupción al país, secuestraron al presidente de la república, a su esposa», aseveró.
No obstante, frente al panorama político actual y el desarrollo de las mesas de negociación, Maduro Guerra enfatizó que la salida a la crisis debe canalizarse por vías pacíficas y institucionales: «Yo creo que estamos en otro momento y el diálogo político y la diplomacia es lo que nos va a permitir superar todas estas situaciones», puntualizó.
Impacto familiar y reformas legislativas
A nivel personal, el diputado reconoció que la ausencia de sus padres representa un reto complejo para su núcleo familiar, aunque reafirmó su compromiso de seguir trabajando por el país: «Una situación dura, interna tanto para mi familia, para mis hijos, para mis tías, pero pa’ lante pues… No podemos decaer». Asimismo, al ser interrogado sobre posibles temores legales en su contra, afirmó residir en el país y confiar plenamente en el ordenamiento jurídico nacional.
En el plano legislativo, Maduro Guerra respaldó la iniciativa de reformar la Ley contra el Odio, argumentando que el instrumento legal requiere ajustes para adecuarse a las demandas de la sociedad actual, delimitar correctamente los márgenes de la libertad de expresión, erradicar la discriminación y fomentar la reconciliación nacional.
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