Unas 250.000 vidas penden de un hilo migratorio. A la medianoche de este viernes 7 de noviembre, un cuarto de millón de migrantes venezolanos perderán su Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, quedando inmediatamente expuestos a procesos de deportación.
El vencimiento del período de gracia, resultado de una decisión del Gobierno de Donald Trump y un fallo de la Corte Suprema, anula la protección que mantenían desde la designación original de Venezuela al programa TPS en 2021.
El abogado migratorio Haim Vásquez advirtió que al quedarse «sin cualquier tipo de oportunidad para mantener una protección migratoria», los venezolanos podrían ser detenidos y enfrentar un proceso de deportación. La incertidumbre aumenta, dado que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) ha advertido a los beneficiarios que «deben prepararse para regresar a Venezuela si no tienen otra base legal para permanecer en Estados Unidos».
Esta pérdida de estatus se suma al grupo de unos 350.000 venezolanos que accedieron al programa en 2023, cuya protección ya había finalizado semanas atrás.
Las consecuencias de la expiración del TPS van más allá del estatus migratorio. Según Vásquez, los migrantes pierden la oportunidad de trabajar legalmente, mantener su licencia de conducir, acceder a estudios y obtener créditos.
Adelys Ferro, cofundadora y directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus, una ONG que aboga por los derechos de los inmigrantes venezolanos, describe la situación como «un estado de ansiedad y de nervios, muy difícil de describir». Ferro afirma que «Es una situación de terror, vivir en un estado de ansiedad y de nervios» y destaca que muchos inmigrantes ya han sido despedidos de sus trabajos a fines de octubre, incluso antes del plazo, debido a la renuencia de los empleadores a contratar personal sin estatus legal vigente.
El drama se agrava para las familias binacionales. Ferro subraya que padres y madres que pierden el TPS y se arriesgan a la deportación pueden ser «familias literalmente arrancadas, de la manera más brutal» de sus hijos nacidos en EE. UU. Además, la pérdida del empleo y del seguro de salud deja a muchas personas con deudas bancarias e incapaces de costear tratamientos médicos.
Alternativas legales limitadas
Aunque la solicitud de asilo sigue siendo una vía, el abogado Vásquez señala que pocos cumplen los rigurosos requisitos de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE. UU., que exige demostrar una persecución o temor fundado por motivos específicos. Los tribunales han endurecido los criterios, una tendencia acentuada por instrucciones de la Administración Trump para desestimar casos de asilo considerados «deficientes».
Solo un grupo muy reducido de migrantes que se reinscribieron al TPS entre el 17 de enero y el 5 de febrero de 2025 conservará su documentación y permiso de trabajo hasta octubre de 2026. Para la gran mayoría, la única opción es buscar caminos altamente específicos, como el matrimonio con un ciudadano estadounidense o una visa-U (para víctimas de crímenes), procesos que pueden demorar años.
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