Las autoridades de Inmigración de Estados Unidos han ejecutado la operación «Midway Blitz» en Chicago, ordenada por el presidente Donald Trump desde principios de septiembre, resultando en el arresto de cerca de mil inmigrantes.
La denuncia fue emitida por el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), que también alertó sobre la expansión de centros de detención fuera de Illinois para alojar a los detenidos antes de su posible deportación.
Debido a la limitación legal en Illinois para contratar cárceles privadas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está trasladando a varios detenidos al Centro Correccional del condado de Miami, en Indiana. Según el NIJC, hasta el 2 de octubre ya se habían enviado unas 40 personas, y se proyecta el traslado de al menos 100 más en los próximos días.
Lisa Koop, directora de servicios legales del NIJC, expresó una profunda preocupación por las condiciones de los detenidos en la prisión del condado de Miami, comparando la situación con el «infame» campo de detención Alligator Alcatraz en Florida. El NIJC está coordinando visitas legales para asegurar que los detenidos conozcan sus derechos y puedan acceder a un juicio justo.Además de Indiana, el ICE ha incrementado su capacidad mediante contratos con cárceles de condado en todo el Medio Oeste y la utilización de la base militar Camp Atterbury, ampliando sustancialmente su red de detención para manejar la creciente demanda de espacio ante los arrestos.
En Chicago, el centro de procesamiento de Broadview (a 19 kilómetros de la ciudad) ha sido foco de protestas casi diarias. Activistas denuncian las condiciones precarias del lugar, que carece de dormitorios, servicios higiénicos y alimentación adecuados. Señalan también que, por la falta de espacio, el ICE ha tenido que recurrir a moteles locales para alojar temporalmente a algunos detenidos.
El movimiento de trasladar a los detenidos fuera del estado se debe al fracaso de intentos previos de ampliar la detención en el Medio Oeste, incluyendo la instalación de cárceles privadas en Illinois e Indiana, que encontraron una fuerte oposición de comunidades locales y activistas.
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