La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó este martes 2 de diciembre un exhorto al gobierno de Nicolás Maduro para que se inicie el proceso de retiro de la nacionalidad de cinco figuras de la oposición, señaladas como “los principales cabecillas del gigantesco robo de Citgo”, la filial de PDVSA en Estados Unidos.
El exhorto, propuesto por el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, y aprobado por unanimidad, apunta directamente contra el abogado José Ignacio Hernández, el expresidente interino Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Dinorah Figuera y Horacio Medina.
Acusación por «Expolio» de Citgo y Venta «a Precio de Gallina Flaca»
La AN centró su debate en el proceso de venta de Citgo, autorizada por un juez de Delaware por $5.900 millones a un fondo de inversión, una cifra que los diputados consideran irrisoria.
Rodríguez acusó a los señalados de formar parte de un “entramado brutal” para apoderarse de los dividendos de la empresa, demostrando una “particularidad criminal”. La AN insistió en aplicar el artículo 130 de la Constitución y la Ley Orgánica Simón Bolívar.
Pedro Infante, primer vicepresidente de la AN, afirmó que la venta autorizada de Citgo se hizo “a precio de gallina flaca” y advirtió que la acción de Estados Unidos viola el derecho económico internacional. El diputado opositor José Brito reforzó esta crítica, señalando que el último avalúo de Citgo supera los $13.000 millones.
Identificación de 351 Presuntos Responsables
Infante informó que una comisión especial identificó a 351 “responsables en el país del robo de Citgo”. El grupo incluye:
94 parlamentarios.
108 “pseudo funcionarios” en instituciones paralelas o juntas ad hoc.
149 personas vinculadas a juntas directivas de ONG que recibieron fondos de la Fundación Simón Bolívar de Citgo.
El acuerdo aprobado por la AN no solo rechazó la venta, sino que declaró “nula e írrita” cualquier decisión de tribunales estadounidenses al respecto y solicitó denunciar ante foros internacionales la “guerra jurídica y agresión económica” que, según el parlamento, sufre Venezuela.
Adicionalmente, se exhortó al Ministerio Público y a la Procuraduría a profundizar las investigaciones y aplicar la Ley de Extinción de Dominio. La diputada María Iris Varela propuso confiscar todos los bienes, empresas y vehículos de los investigados, argumentando que “toda la miserable vida de ellos no le van a alcanzar para pagar el daño” al país.
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