El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, se pronunció este miércoles sobre la sentencia número 9 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, este martes, donde la Sala Constitucional fijó limites a poderes contralores del Parlamento.
Durante una rueda de prensa, en Caracas, señaló que “cada vez que la AN se propone tomar alguna decisión trascendente para resolver algún problema sensible, la Sala Constitucional emite entonces una sentencia”.
«Es una permanente emboscada judicial a través del Tribunal Supremo de Justicia», afirmó.
Este jueves como primer punto del orden del día, “en uso de sus atribuciones constitucionales, la AN va a debatir ampliamente al detalle los particulares de esta sentencia que pretende, en abuso de funciones que no tiene, en mala interpretación de cuáles son sus verdaderas funciones constitucionales, pretende, decimos, frustrar o eliminar las facultades que la Constitución le señala a la Asamblea Nacional, de citar, investigar, a cuales quiera funcionarios civiles y militares de cualquier rango, incluso con facultades para enviarles cuestionarios al presidente de la República”.
Ramos Allup calificó esta sentencia “como una sentencia del miedo, lo que trata esta sentencia es de proteger o relevar de su deber Constitucional de comparecencia a esta Asamblea, a rendir cuenta de sus gestiones a funcionarios civiles y militares que no quieren venir a la Asamblea porque les da miedo que les pregunten sobre materias que conocen y no quieren revelar”.
“Lo que pretende en TSJ que le ha tendido un manto de protección a algunos funcionarios civiles y militares, vamos a seguir investigando en las comisiones, en la que competa, en la que corresponda, los casos de narcotráfico en que están incursos o de los que se han visto acusados algunos miembros de la Fuerza Armada”, sostuvo.
La situación de la deuda externa es uno de los temas que continuarán revisando desde la Asamblea Nacional, “que el Gobierno no quiere que se conozca en toda su magnitud, ni los plazos de amortización, ni en los interes de ruinas que tiene que pagar para conseguir algunos dólares que siempre se sigue tragando la ineficiencia y la corrupción del Gobierno”.
“Vamos a investigar los contratos de interés nacional para cuya validez determina la Constitución que tienen que pasar por la Asamblea Nacional, el Gobierno está raspando la olla, acaban de vender a una empresa rusa el 49% de los haberes en una filial de Pdvsa por 500 millones de dólares porque el Gobierno sigue raspando la olla, liquidando la riqueza nacional sin terminar de admitir que estas son gotas agua en el océano, porque frente a la tragedia nacional, nuestra crisis humanitaria, 500 millones de dólares no resuelven nada”, manifestó.
Afirmó que seguirán investigando “el escándalo de los dólares de Cadivi, que el Gobierno no quiere que se sepa a manos de quién fueron a dar las empresas de maletín, los negocios y fraudes perpetrados por venezolanos conectados con el Gobierno, que hoy están presos en los Estados Unidos y están cantando y diciendo todo, negociando aminoramiento de sus sentencias a cambio de confesar los delitos cometidos”.
“Vamos a investigar Pudreval, vamos a investigar todo lo que haya que investigar”, subrayó.
“El Gobierno está considerando la ineficiencia como un secreto de Estado (…)”, dijo en alusión a las sentencias del TSJ que han venido limitando las funciones de la AN.
“Esa sentencia no nos va a inhibir de investigar”, expresó.
Hizo un llamado al Gobierno Nacional a “pensar en el país” ya que es “mucho más importante que todos nosotros (…) Eso es lo que está en juego, la gente que no consigue que comer, que no consigue medicinas, la gente que no tiene agua,que no tiene luz, que ha sido víctima de un gobierno corrupto que está en sus últimos agónicos días”.
“Esta sentencia no nos va a inhibir, por una parte, de investigar, y por otra, de seguir legislando para resolver los problemas de Venezuela que este Gobierno no quiere que se resuelva. Leyes de carácter económico, leyes de carácter social, leyes que tienda a resolver la crisis humanitaria, la escasez de medicinas, la escasez de alimentos, la inseguridad (…) Vamos a seguir legislando a riesgo de que el TSJ y la Sala Constitucional, que no es más que una agencia de un Gobierno que se está derritiendo, siga declarando inconstitucional todo lo que nosotros hagamos en uso de las facultades que nos consagra la carta fundamental”, afirmó.
Vía Panorama/www.diariorepublica.com