La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mantuvo una reunión de trabajo en Caracas con una delegación de los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos, encabezada por Jonathan Greenstein y Jonathan Burke. El encuentro tuvo como objetivo evaluar la agenda de desarrollo económico, comercial y energético, así como la reactivación de mecanismos financieros en el marco de las recientes flexibilizaciones temporales anunciadas tras los sismos que afectaron al país.
Con el propósito de revisar la agenda de cooperación y desarrollo económico bilateral, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo este lunes un encuentro en Caracas con una delegación de alto nivel integrada por representantes del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según informó Prensa Presidencial.
La reunión se desarrolló en el contexto del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, enfocándose en la consolidación de acuerdos vigentes y de interés mutuo en los sectores comercial, energético y financiero, además de explorar mecanismos orientados a la reactivación socioeconómica y la estabilización del mercado energético.
La comitiva estadounidense estuvo liderada por el subsecretario adjunto para Asuntos Financieros Internacionales del Tesoro, Jonathan Greenstein, y el subsecretario adjunto para el Financiamiento del Terrorismo, Jonathan Burke. Por la parte venezolana, acompañaron a la mandataria encargada el vicepresidente Sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega; el canciller Félix Plasencia; el presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez; el vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco; y la vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira.
Flexibilización financiera y contexto de recuperación
Este acercamiento institucional se produce semanas después de que el Departamento del Tesoro estadounidense anunciara una flexibilización temporal en los protocolos de supervisión financiera, vigente desde el 27 de julio de 2026 hasta el 29 de enero de 2027.
Dicha medida contempla que la Red de Control de Delitos Financieros no ejecute sanciones contra instituciones bancarias que procesen operaciones autorizadas vinculadas a la asistencia humanitaria y la recuperación económica del país, un alivio regulatorio clave frente a los daños estimados en 19.600 millones de dólares tras los terremotos que sacudieron la nación.
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