El presidente de Paraguay se comprometió a cooperar con la justicia para esclarecer la crisis de Ueno bank, exigiendo priorizar la devolución de los fondos congelados a los ahorristas afectados.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, confirmó este jueves que comparecerá ante el Senado para ejercer su defensa en el juicio político convocado en su contra. El anuncio se produjo inmediatamente después de que una sesión extraordinaria del Congreso, destinada a tratar su renuncia formal, fracasara por falta de cuórum. La maniobra parlamentaria fue impulsada por legisladores oficialistas que abandonaron el recinto para evitar declarar la vacancia del cargo y bloquear la sucesión presidencial inmediata.
El detonante financiero
La parálisis institucional que atraviesa la nación sudamericana proviene de la intervención del Banco Central del Paraguay sobre la entidad financiera Ueno bank. Tras detectar que el índice de solvencia de la entidad cayó por debajo del 50 % del mínimo legal exigido por ajustes contables, la autoridad monetaria ordenó su liquidación. La medida dejó congelados los depósitos de casi la mitad de la población del país, así como recursos pertenecientes a diversas instituciones públicas, desencadenando una profunda conmoción económica y social.
Cooperación y defensa
Ante la gravedad de las imputaciones que lo vinculan con la gestión de la entidad colapsada, Santiago Peña rompió el silencio mediante un comunicado en la red social X. El mandatario aseguró que aportará toda la documentación requerida por los investigadores y que asumirá su responsabilidad procesal. El jefe de Estado enfatizó que colaborará plenamente con las instancias competentes para determinar el origen de las irregularidades y garantizar que los infractores de la ley respondan ante la justicia.
Prioridad a los ahorristas
Finalmente, el presidente subrayó que la disputa política alrededor de su continuidad en el poder no debe obstaculizar las soluciones inmediatas para los damnificados. Santiago Peña remarcó que la restitución del dinero a las familias y entidades afectadas constituye una urgencia que no puede quedar supeditada al resultado del juzgamiento parlamentario. Mientras la oposición exige explicaciones sobre su grado de implicancia en el balance de la firma intervenida, el proceso constitucional en la Cámara Alta definirá en los próximos días la estabilidad del ejecutivo nacional.
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