La organización Transparencia Venezuela ha emitido una severa advertencia sobre la instrumentalización del ecosistema de criptomonedas por parte del gobierno venezolano, calificándolo de un «mecanismo de opacidad financiera, control político y evasión de sanciones internacionales».
En su más reciente informe, la ONG detalla cómo el Estado ha pasado de promocionar una «moneda soberana» a utilizar criptoactivos estables, configurando un esquema que mantiene el flujo de divisas fuera de la supervisión fiscal y la rendición de cuentas pública.
Del Petro a las Stablecoins: Una Evolución de la Opacidad
El informe establece un modelo de opacidad que abarca de 2017 a 2025:
La Fase Petro (2017-2024): El Petro, presentado como un activo digital soberano, funcionó como una «fachada» para canalizar recursos públicos y transacciones de comercialización de petróleo, facilitando el desvío de aproximadamente $16.950 millones de dólares, una cifra vinculada al origen de la llamada trama PDVSA-Cripto.
La Fase Stablecoin (Post-2024): Tras el colapso del Petro, el Ejecutivo habría migrado al uso de stablecoins (principalmente Usdc y Usdt). Estas operaciones cambiarias y comerciales se ejecutan a través de una red de empresas privadas con vínculos políticos (como Kontigo y Crixto Pay) que operan con nula transparencia y sin verificación del origen de los fondos.
Lavado de Dinero Institucionalizado y Control Político
Transparencia Venezuela sostiene que esta red de empresas, billeteras digitales y normativas cambiantes se ha convertido en una vía para el lavado de dinero institucionalizado. El mecanismo permite pagar bonificaciones, comisiones y transacciones internacionales sin dejar trazabilidad fiscal.
El informe destaca que, durante la gestión de Tareck El Aissami, las políticas cripto fueron centralizadas, permitiendo la manipulación del sistema y el desvío de recursos provenientes del sector petrolero.
La ONG concluye que el sistema cripto venezolano fracasó en su promesa de soberanía digital y se ha consolidado como un entramado financiero paralelo, utilizado exclusivamente para mantener la circulación de divisas y favorecer intereses particulares, lejos de cualquier estándar de transparencia.
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