En una sesión de urgencia, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fijó este sábado una postura oficial de condena ante las incursiones militares ejecutadas por fuerzas estadounidenses en la capital y los estados de la zona central del país. El máximo tribunal calificó la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores como un acto que rompe el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
«Un asalto a la legalidad»
A través de un comunicado oficial leído por la presidenta del cuerpo judicial, Caryslia Rodríguez, el TSJ denunció que la operación dirigida por Washington constituye una violación directa de:
La Constitución de la República: Al atentar contra la investidura del Ejecutivo Nacional.
El Derecho Internacional: Al quebrantar los principios de soberanía consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
Para la magistrada Rodríguez, los bombardeos en Caracas, La Guaira, Aragua y Miranda no son solo actos de guerra, sino una estrategia para «apoderarse de los recursos estratégicos» de la nación mediante el uso de la fuerza.
Respaldo a los Poderes Públicos
El Poder Judicial manifestó su apoyo irrestricto al resto de las ramas del Estado, especialmente al Ejecutivo, para activar todos los instrumentos legales que permitan denunciar esta agresión ante tribunales internacionales.
«Hacemos un llamado a unir esfuerzos para garantizar la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe frente a este precedente de fuerza», expresó Rodríguez durante la transmisión oficial.
Incertidumbre sobre el paradero
El pronunciamiento del TSJ se suma al coro de voces oficiales —entre ellas la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Yván Gil— que reclaman una fe de vida de Maduro y su esposa. La magistrada enfatizó que el sistema judicial venezolano se mantiene en alerta permanente para exigir el retorno inmediato del mandatario, desconociendo la legitimidad de su captura anunciada por Donald Trump.
Con esta declaración, el máximo ente de justicia busca cerrar filas en torno a la tesis del «secuestro institucional», apelando a la comunidad jurídica internacional para que condene la extracción del jefe de Estado del territorio venezolano.
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