El Gobierno califica la medida de ineficiente y defiende la primacía de los mecanismos nacionales sobre la intervención externa.
El Gobierno de Venezuela rechazó formalmente la prórroga de dos años impuesta a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. A través de un comunicado oficial, la cancillería venezolana sostuvo que esta decisión responde a motivaciones políticas que distancian a la organización de sus principios fundacionales de imparcialidad y cooperación multilateral.
Defensa de las capacidades institucionales
Durante las intervenciones diplomáticas, la representación venezolana defendió que los mecanismos internacionales deben acompañar y complementar las capacidades nacionales, no sustituirlas. La delegación enfatizó que la soberanía jurídica del Estado debe prevalecer para garantizar la efectividad en la protección de las garantías fundamentales de la ciudadanía.
La postura oficial subraya que la duplicación de funciones por parte de organismos externos genera un desgaste innecesario de recursos y entorpece las vías institucionales legítimas. Según el Ejecutivo nacional, el fortalecimiento de la justicia local se logra mediante el respeto a la jurisdicción interna y el desarrollo autónomo de sus poderes públicos.
Apuesta por el diálogo técnico
Venezuela reiteró su disposición a mantener una relación constructiva con la Organización de las Naciones Unidas, siempre que esté basada en el diálogo genuino y la asistencia técnica bilateral. El Gobierno hizo un llamado a reevaluar los métodos de trabajo actuales para priorizar el intercambio directo y el apoyo institucional objetivo.
Esta propuesta busca sustituir la confrontación mediática por un esquema de cooperación real que respete los tiempos y dinámicas del país. La diplomacia venezolana insistió en que el verdadero avance en materia de derechos humanos surge del compromiso transparente entre el Estado y el sistema internacional.
Hacia un modelo de cooperación soberana
Finalmente, las autoridades venezolanas instaron a la comunidad internacional a abandonar los esquemas de fiscalización unilateral. El país ratificó su compromiso con la promoción de los derechos humanos mediante la consolidación del sistema de justicia nacional y la apertura a la asistencia técnica respetuosa que no vulnere la autodeterminación del pueblo venezolano.
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