El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ha emitido un categórico repudio a la reciente firma de una Declaración de intención en materia de cooperación militar conjunta entre la República Cooperativa de Guyana y los Estados Unidos de América. Este acuerdo, formalizado tras una reunión de alto nivel, ha sido interpretado por Caracas como una peligrosa escalada que amenaza la paz regional y contraviene los principios del Derecho Internacional.
La declaración, suscrita el pasado martes, involucró al presidente de Guyana, Irfaan Ali, y a altos funcionarios del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, con la asistencia de la embajadora estadounidense en Guyana, Nicole Theriot. Aunque las partes firmantes alegan que el objetivo es fortalecer la asociación de seguridad de larga data y que la cooperación se desarrollará respetando la soberanía y las leyes de ambos países, la reacción de Venezuela ha sido inmediata y enérgica.
La vicepresidenta Rodríguez utilizó su cuenta en redes sociales para condenar la acción con severidad, utilizando un lenguaje que evoca la historia de la región. En su pronunciamiento, la alta funcionaria señaló directamente al presidente Ali, indicando que este «no podía quedar por fuera, y entrega el botín robado (petróleo venezolano) a los imperialistas expansionistas tocando tambores de guerra!». Este señalamiento hace referencia a la disputa territorial histórica por la Guayana Esequiba, un área rica en recursos naturales, incluido el petróleo, que Venezuela reclama legítimamente.
Rodríguez sentenció el acto con una fuerte advertencia moral e histórica: «¡La historia los condenará! Venezuela reivindicará su gesta independentista y vencerá!». Con estas palabras, el Ejecutivo venezolano posiciona el acuerdo militar dentro de un contexto de lucha por la soberanía y la autodeterminación frente a lo que califica como injerencia de potencias extranjeras.
Ampliando la crítica histórica, la vicepresidenta afirmó que «200 años más tarde los agentes de Monroe reclutan a políticos serviles que satisfagan a los intereses nacionales de EEUU.
Traicionan a su propio pueblo por una pasadita de mano en sus cabezas». Esta mención a la Doctrina Monroe subraya la percepción de Venezuela de que el acuerdo es un acto de subordinación política y traición a los intereses de la región en favor de la agenda geopolítica de Washington.
Según reportes del portal CNW Network, el presidente Ali destacó que el documento «refuerza los acuerdos como el Acuerdo Shiprider, que permite a las fuerzas de seguridad estadounidenses perseguir, interceptar y abordar buques de tráfico de drogas en las aguas de Guyana». Si bien esta justificación se centra en la lucha contra el narcotráfico, Caracas interpreta el fortalecimiento de la presencia militar estadounidense en un territorio en disputa como una clara provocación y un apoyo implícito a la posición de Guyana en el conflicto territorial.
El Gobierno venezolano reitera que no tolerará la militarización de la controversia del Esequibo y que defenderá todos sus derechos históricos sobre el territorio, en estricto apego a la Constitución y a las leyes internacionales. La firma de este acuerdo binacional es vista como un grave precedente que socava los esfuerzos por una solución pacífica y negociada, inyectando un componente militar a una disputa que debe resolverse por la vía diplomática.
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