El gobernador del Zulia y vicepresidente del Psuv para la región occidente, Francisco Arias Cárdenas, sostuvo este sábado un encuentro con las Ubch, y Círculos de Lucha Popular en la parroquia Cacique Mara, rumbo a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
Consultado por este diario sobre las medidas anticontrabando y antibachaqueo que dijo que serían anunciadas reiteró que “pronto las vamos a anunciar, no puedo adelantar nada porque depende del Presidente la toma de decisión, pero nosotros decimos que vamos a acompañar con toda la fuerza y con toda el alma y el coraje, sabemos que es una decisión compleja, difícil, pero es necesaria, es necesaria para la paz, es necesaria para reponer el orden, para refundar la relación con Colombia, y eso lo entendemos perfectamente”.
Referente a la situación de racionamiento del agua, dijo que se tomaron las aguadas con apoyo de la Fuerza Armada Nacional para controlar que las cisternas estén desplegadas por toda la ciudad y además que tengan pegado el precio, para que no abusen con los costos.
“Allí estamos trabajando los tres niveles de gobierno y en la coordinación la Fanb. Los alcaldes tienen una responsabilidad que nosotros acompañamos de colocar unos precios promedio, ya lo hizo la Alcaldía de San Francisco y la de Maracaibo, cada camión debe tener el costo que está establecido por los alcaldes y las cámaras municipales, de manera que no tengamos abuso, y rogar a la Virgen de la Chinita y de la Coromoto que vengan lluvias fuertes sobre la cuenca del Cachirí, del Socuy, sobre el Palmar, sobre el río intermedio, para que podamos tener la paz y la tranquilidad que anhelamos”, expresó.
En cuanto al tema de seguridad, se le preguntó sobre la presunta red de extorsión y robo de vehículos que estaría integrada por policías y sobre el caso del Cicpc abatido el pasado martes. “Siempre se han presentado algunos funcionarios relacionados con mafias delictuales. El último caso que fue bien publicitado y conocido por todos está actuando la Fiscalía, los jueces, y nosotros no estamos ni defendiendo ni protegiendo, sino pidiendo que actúe la ley. Rechazamos a aquellos funcionarios públicos que se junten con los delincuentes, para todo, para el bachaqueo, para el contrabando, y con mucha mayor fuerza para la extorsión y el secuestro. Solo en el estado tenemos entre jubilados y activos casi 100 mil trabajadores, es uno que cometió ese error y tiene toda la sanción de la ley, tenemos otro tanto del Gobierno nacional y demás poderes públicos, estamos hablando de unos 300 a 350 mil funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno”.
Agregó que el funcionario público tiene que saber que su deber es servir y que “cuando se pone al margen de la ley sufre las consecuencias”.
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