El gremio empresarial denuncia cobros indebidos de servicios no utilizados, criterios arbitrarios en el aseo urbano y bloqueos en la plataforma municipal.
Fedecámaras Zulia solicitó formalmente una revisión profunda del Sistema Integrado de Gestión y Administración Tributaria (Sigat), la plataforma digital utilizada para la recaudación en la ciudad de Maracaibo. El gremio empresarial sostiene que el funcionamiento actual del sistema vulnera el desenvolvimiento de las empresas y debe ajustarse a los parámetros constitucionales para sincerar el cobro de tributos y tarifas públicas.
Problemas con servicios de gas y aseo urbano
La directiva regional del organismo privado expuso las fallas puntuales del modelo de recaudación municipal, enfocando sus críticas en la generalización de las tarifas de los servicios públicos. Paúl Márquez, presidente de Fedecámaras Zulia, actuó como vocero del sector tras formalizar la solicitud mediante comunicación escrita remitida al alcalde Gian Carlo Di Martino y sostenida en reuniones previas con representantes del Servicio Administrador Tributario (Sedemat).
El representante empresarial explicó que en el servicio de gas doméstico e industrial, numerosas empresas son obligadas a cancelar la tarifa aun cuando por su actividad comercial no requieren dicho suministro. La administración municipal justifica este cobro bajo el argumento del mantenimiento de la red del servicio, situación que el gremio considera improcedente e ineficiente.
Respecto al aseo urbano, el gremio objeta que el cálculo de la tarifa se determine exclusivamente por la superficie total del inmueble en metros cuadrados y no por el área operativa real ni la cantidad efectiva de desechos generados. Como ejemplo, Márquez señaló que una empresa poseedora de un terreno de 500 metros cuadrados, pero que solo opera en 50, resulta pechada fiscalmente por la totalidad del espacio.
Trabas operativas y daño a la reputación
El gremio también denunció los condicionamientos impuestos en la plataforma del Sigat cuando una empresa mantiene deudas acumuladas. Si un contribuyente intenta abonar o saldar periodos específicos de un tributo, el sistema exige la cancelación total del saldo adeudado para procesar la transacción, lo que genera multas adicionales por mora e imposibilita la regularización progresiva.
Márquez aclaró que el sector privado no se opone al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sino a los procedimientos discrecionales de la plataforma digital. Asimismo, rechazó la estigmatización pública realizada desde entes municipales hacia comercios con casos particulares, señalando que estas acciones perjudican la reputación corporativa de forma irreparable.
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