El instrumento legal prioriza la prevención frente al colapso hospitalario y ordena la creación de escuelas municipales de formación vial para motorizados.
Tras la aprobación de la nueva ley sobre Regulación Complementaria del Uso de Motocicletas en el Zulia, el gobierno regional, junto al Consejo Legislativo, avanza con alcaldías, gremios e instituciones en un plan integral para reducir los siniestros en este tipo de vehículos. El estamento, que cuenta con 43 artículos, fue redactado tras una amplia consulta pública liderada por la legisladora Magdelys Valbuena, junto a sus homólogos Alberto Hernández, Maribel Briceño, Édgar Antúnez, José Sierra, Johan del Valle y Zoraida Petit.
Prevención ante el colapso hospitalario
El legislador Alberto Hernández resaltó que el estamento impulsado por el gobernador Luis Caldera posee un enfoque principalmente preventivo para mitigar el colapso de los centros de salud. “Sabemos que la parte coercitiva es importante, pero también que la parte preventiva arroja mejores resultados”, aseguró el diputado. La ley de base sobre la cual se legisló es la Ley de Transporte Terrestre y el Reglamento parcial del 2010. Esta nueva normativa de carácter complementario busca establecer reglas que no han sido fijadas en los instrumentos nacionales, cuidando siempre de no colidir con ellos.
Escuelas de formación en los municipios
El corazón de la propuesta radica en la educación vial como herramienta de transformación social. Hernández explicó que el artículo 34 de la ley obliga a las alcaldías a promover escuelas de formación vial para motorizados. Este esfuerzo coordinado involucra a todas las instancias de gobierno, incluyendo al ministerio del área y al Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Los estudios recientes demuestran que los repartidores y mototaxistas son quienes más respetan las normas, razón por la cual estos gremios fueron integrados activamente en los debates del diseño legal.
Conciencia desde la infancia y orden público
La regulación también busca preservar la paz ciudadana mediante el control ambiental, prohibiendo expresamente los escapes libres para combatir la contaminación sónica. Asimismo, la normativa ordena incorporar a los centros educativos en programas de seguridad vial. El objetivo es consolidar una cultura de manejo responsable desde la niñez, alejando a los jóvenes de las altas velocidades o las piruetas peligrosas. Finalmente, la ley promoverá jornadas comunitarias centradas en el uso obligatorio del casco de seguridad y la regularización de los documentos, protegiendo así a la juventud, que representa el mayor porcentaje de víctimas en los accidentes.
www.diariorepublica.com
