Defensoría exige cese de violencia guerrillera para habilitar corredores humanitarios en Catatumbo
La Defensoría del Pueblo de Colombia clama por el fin de los enfrentamientos y la apertura de rutas seguras para socorrer a la población civil en el Catatumbo, Norte de Santander.
La Defensoría del Pueblo de Colombia lanzó un enérgico llamado este lunes a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Frente 33 de las disidencias de las Farc para que “cesen de inmediato” los intensos enfrentamientos armados que libran y permitan la activación urgente de corredores humanitarios en la convulsa región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.
La escalada de violencia, que se recrudeció la semana pasada en una zona rural del municipio de Tibú, ha generado una grave crisis humanitaria. Más de 250 personas ya han tenido que abandonar sus hogares y se estima que cerca de 6.000 habitantes están en riesgo inminente de confinamiento y desplazamiento forzado a causa de los choques entre estos grupos armados ilegales, según reportes de la entidad.
Llamado al respeto del DIH y a la protección de civiles
El organismo defensor de derechos humanos fue categórico al exigir a los grupos ilegales, en particular al ELN y al Frente 33 de las disidencias, que “adopten las medidas para proteger a la población civil, respeten el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y eviten afectaciones a las comunidades y civiles en el Catatumbo”.
Además de la cesación de hostilidades, la Defensoría instó a los armados a “permitir la activación de corredores humanitarios que redunden en acciones a favor de las personas afectadas por las hostilidades”. Esta medida es crucial para que las autoridades y organizaciones puedan llevar asistencia vital y seguridad a las comunidades atrapadas en el fuego cruzado.
Un año de crisis: la disputa por el control territorial
La región del Catatumbo ha estado sumida en una grave crisis desde el 16 de enero, cuando el ELN declaró una guerra abierta contra las disidencias de las Farc por el control territorial y de las lucrativas economías ilícitas que convergen en esta zona de frontera.
Esta disputa territorial ha dejado un saldo devastador a lo largo del año, con el asesinato de cerca de un centenar de personas y el desplazamiento forzado de al menos 78.000 campesinos, muchos de los cuales no han podido retornar a sus parcelas debido a la persistencia de la violencia.
El Catatumbo, que incluye municipios como Tibú y El Tarra, es una región con vastos recursos naturales, pero que históricamente padece de altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo. La Defensoría señaló que precisamente Tibú y El Tarra son actualmente los más afectados por la crisis. La entidad recordó que la intensificación de la confrontación armada, sumada a la consolidación del control territorial ejercido por el ELN, fue objeto de una Alerta Temprana emitida por el organismo en octubre pasado.
Urgencia institucional y coordinación intersectorial
Finalmente, la Defensoría urgió a las alcaldías de Cúcuta (capital departamental) y Tibú a desplegar y fortalecer la ruta de atención para garantizar la asistencia humanitaria de los afectados. Se debe robustecer un plan que permita la atención a eventos masivos de desplazamiento hacia Cúcuta y el casco urbano de Tibú.
El organismo también instó a garantizar una respuesta eficaz y oportuna por parte de la Unidad para las Víctimas, recalcando que los entes territoriales “no cuentan actualmente con la capacidad de respuesta para atender la magnitud de la emergencia humanitaria”. La situación demanda una acción coordinada y de gran escala para evitar un desastre humanitario mayor.
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