La Relatora Especial Margaret Satterthwaite insta a la Asamblea Nacional a garantizar la integridad de los nombramientos de Fiscal General y Defensor del Pueblo ante el vencimiento de los lapsos legales.
En un pronunciamiento clave para la institucionalidad venezolana, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, hizo un llamado urgente este miércoles al Estado venezolano. La experta independiente exigió que el proceso de selección del próximo Fiscal General y del Defensor del Pueblo, previsto para este viernes 27 de marzo, se fundamente estrictamente en el mérito y la probidad comprobada de los aspirantes.
A través de una declaración oficial, Satterthwaite subrayó que estos cargos son «cruciales» para la salvaguarda de los derechos humanos y el Estado de derecho en el país, instando a la Asamblea Nacional y a los actores políticos involucrados a ajustar sus actuaciones a las normas internacionales de transparencia.
Prórroga y falta de consenso en el Parlamento
El exhorto de la ONU coincide con un momento de incertidumbre en el Poder Legislativo. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció recientemente la solicitud de una prórroga de 48 horas para la designación definitiva, alegando una «falta de consenso» dentro del comité evaluador. Esta extensión busca permitir una nueva revisión de las credenciales de los más de 130 postulados y, eventualmente, la incorporación de nuevos perfiles a la lista de elegibles.
Este proceso surge tras las renuncias de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz el pasado 25 de febrero, lo que activó un mecanismo de selección que hoy se encuentra bajo la lupa de la comunidad internacional.
Cuestionamientos a la legalidad del proceso
Pese al despliegue legislativo, diversas organizaciones civiles y expertos en derecho constitucional han manifestado su preocupación por lo que consideran vicios de origen en el procedimiento:
Competencia de origen: Se critica que el comité fuera conformado por la Asamblea Nacional y no convocado por el Consejo Moral Republicano (Poder Ciudadano), como dicta el mandato constitucional.
Opacidad administrativa: La ausencia de un cronograma público y de un baremo claro para calificar a los candidatos ha generado dudas sobre la imparcialidad de las evaluaciones.
El desenlace de este proceso el próximo 27 de marzo marcará la pauta de la relación entre el Estado venezolano y los organismos de supervisión de derechos humanos de las Naciones Unidas, en un contexto donde la independencia judicial sigue siendo el eje del debate político nacional.
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