Las autoridades ecuatorianas han logrado un avance significativo en el esclarecimiento del asesinato de Mario Pineida, exjugador del Barcelona de Guayaquil, y su pareja, Giusella Fernández. Este domingo 21 de diciembre, la Policía Nacional de Ecuador (PNE) confirmó la captura de dos ciudadanos venezolanos presuntamente implicados en el crimen ocurrido el pasado 17 de diciembre en el sector Samanes, al norte de la capital.
Detalles de la captura y las evidencias
Los detenidos fueron identificados como Cristian David Peláez González (21) y Jimnery Mariander Peña Blanco (24). La investigación arrojó roles específicos para cada uno:
El nexo digital: Peláez fue arrestado en un hotel donde se incautaron dispositivos móviles con evidencia directa que lo vincula con el doble homicidio.
La logística financiera: Peña Blanco es señalada como la encargada de gestionar los pagos a los ejecutores. Según el informe policial, se desembolsó un total de 1.500 dólares por el sicariato (750 dólares por cada autor material).
En la escena del crimen, los peritos recolectaron 17 casquillos de calibre 9 mm y proyectiles deformados, evidencias que sustentaron la decisión judicial de dictarles prisión preventiva por el delito de asesinato.
Móvil pasional y nexos internacionales
Las líneas de investigación han revelado un trasfondo complejo que involucra a la delincuencia organizada transnacional. Informes policiales sugieren que el móvil del crimen sería una represalia pasional: Pineida habría mantenido una relación con Fernández, quien fue pareja de un peligroso ciudadano albanés que actualmente se encuentra privado de libertad y con quien ella tenía hijos.
Estado de salud de la sobreviviente
En el ataque también resultó herida la madre del exfutbolista, Lety Mercedes Martínez Zambrano, quien recibió impactos de bala en el hombro y la clavícula. Tras ser intervenida quirúrgicamente, los reportes médicos indican que se encuentra en condición estable.
El caso ha generado una profunda conmoción en el ámbito deportivo y social de Ecuador, poniendo bajo la lupa la operatividad de redes de sicariato financiadas desde centros penitenciarios y la participación de extranjeros en delitos de alto impacto.
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