Detenciones en la cúpula de Plus Ultra por blanqueo
La Policía Nacional detuvo este jueves al fundador de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y a su máximo responsable ejecutivo, Roberto Roselli, en el marco de una operación a gran escala por presunto delito de blanqueo de capitales.
Los arrestos fueron ejecutados por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) e incluyeron un exhaustivo registro de las oficinas centrales de la compañía en Madrid. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15, se encuentra actualmente bajo secreto de sumario.
Operativo simultáneo y colaboración empresarial
Fuentes de la investigación confirmaron que las inspecciones y diligencias se desarrollaron de forma simultánea en múltiples ubicaciones, abarcando ciudades clave como Madrid, Sevilla y Zaragoza, contando con la participación de la Fiscalía Anticorrupción. El operativo se enmarca en una línea de investigación más amplia centrada en supuestas irregularidades financieras y la adjudicación de servicios a determinadas compañías.
Portavoces de Plus Ultra confirmaron los traslados de Martínez y Roselli para declarar ante el juez. A pesar del impacto de las detenciones en la cúpula, la compañía ha emitido un comunicado subrayando su «máxima colaboración» con las autoridades.
«Al desconocer los detalles de la investigación, la compañía está cooperando plenamente con las autoridades mientras continúa su actividad operativa con total normalidad», indicaron los portavoces de la aerolínea.
Aunque la sede corporativa no ha sido formalmente clausurada, se ha implementado la recomendación de teletrabajo para el personal a fin de facilitar la culminación de las diligencias policiales y judiciales en las instalaciones.
Un historial marcado por la controversia del rescate
Plus Ultra vuelve así al foco mediático, recordando su controversia de 2021 cuando recibió un rescate estatal de 53 millones de euros provenientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
En aquel momento, la ayuda financiera fue objeto de múltiples denuncias y una intensa polémica pública y política. No obstante, la Justicia concluyó previamente que no existían indicios consistentes de delitos relacionados con la concesión de dicho apoyo, lo que llevó al archivo del procedimiento judicial. La actual investigación por blanqueo se centra, sin embargo, en presuntas actividades delictivas posteriores o paralelas a la gestión del día a día.
Doble impacto: La UCO actúa en paralelo
La jornada de este jueves estuvo también marcada por un operativo de alto perfil de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La UCO realizó registros en empresas vinculadas a Servinabar, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
Esta acción sucede a las detenciones del día anterior, que afectaron a figuras como la exdirigente socialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, en el marco de una investigación que pone la lupa sobre adjudicaciones de servicios a compañías conectadas con Servinabar, propiedad de Santos Cerdán.
Los dos operativos, aunque independientes en su instrucción judicial, reflejan una intensa actividad de las fuerzas de seguridad en la lucha contra la corrupción y el fraude financiero en el país.
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