El Tribunal 1° de Juicio con competencia en Terrorismo dictó este jueves una sentencia de seis años de privación de libertad contra Roberto Pérez, Rafael Guedez y Olbis Dirinot, tres jóvenes trabajadores y pescadores artesanales detenidos en septiembre de 2024 en el estado Falcón. La medida fue rechazada categóricamente por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y por los familiares, quienes denunciaron graves irregularidades procesales, falta de pruebas y la desestimación de sus solicitudes de libertad en medio de los anuncios oficiales sobre reformas judiciales.
En medio de las expectativas generadas por los recientes anuncios sobre un proceso de renovación en el poder judicial, la justicia venezolana ratificó este jueves 13 de agosto una condena de seis años de prisión contra tres jóvenes procesados a raíz de las manifestaciones ocurridas tras los comicios presidenciales de julio de 2024.
Un proceso marcado por cuestionamientos y detención prolongada
La información fue divulgada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) mediante la red social X, donde detallaron que los sancionados son los pescadores artesanales Roberto Pérez, Rafael Guedez y Olbis Dirinot, quienes se encontraban privados de libertad desde el pasado 20 de septiembre de 2024.
Las madres de los afectados —Johely Atencio, Ana Añez y Yackelin Pérez— acudieron al Palacio de Justicia con la expectativa de obtener la libertad de sus hijos tras permanecer cerca de dos años encarcelados. Sin embargo, tras una breve audiencia de conclusiones efectuada de forma telemática desde Falcón, el tribunal emitió la sentencia condenatoria.
Durante el desarrollo del juicio, que inició formalmente el 30 de abril de 2026 tras una prolongada espera, la defensa técnica argumentó la inexistencia de pruebas contundentes y señaló múltiples contradicciones en los testimonios presentados por la fiscalía. Asimismo, los familiares solicitaron la aplicación de una ley de amnistía, la cual fue denegada por la instancia judicial.
Denuncias de evidencias fabricadas y violaciones procesales
Organizaciones defensoras de los derechos humanos y allegados han insistido en que la aprehensión de los tres trabajadores ocurrió de manera arbitraria cuando retornaban de sus labores habituales de pesca, en el contexto de los operativos de seguridad desplegados tras las elecciones de 2024.
De acuerdo con las denuncias de los familiares, los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) les habrían atribuido de forma irregular evidencias materiales —tales como herramientas de trabajo y fragmentos de metal— para imputarles cargos graves que incluyeron:
Terrorismo y asociación para delinquir.
Extracción de material estratégico.
Sabotaje eléctrico.
Adicionalmente, la defensa reportó restricciones sistemáticas al debido proceso, incluyendo la imposibilidad de contar con una representación legal de confianza durante etapas clave del proceso.
Reacciones ante la decisión judicial
La emisión del fallo causó profunda consternación entre los parientes, quienes criticaron que esta medida punitiva se concrete de forma paralela a los debates públicos sobre la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Para el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, este tipo de sentencias evidencia que persisten los vicios procesales en el sistema de administración de justicia, por lo que reiteraron su exigencia de anular las condenas y otorgar la libertad inmediata a los tres jóvenes falconianos.
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