Medicina Legal confirmó que la menor de 9 años murió por asfixia tras ser víctima de agresión sexual por parte de la pareja de su hermana mayor en Bogotá; el presunto homicida fue capturado y judicializado, evidenciando el vacío legal que aún rodea esta forma extrema de violencia de género en el vecino país.
Un profundo dolor e indignación ha sacudido a la opinión pública tras confirmarse los detalles del atroz crimen de la niña venezolana Ana Lucía González Mendoza, de tan solo 9 años de edad, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el pasado martes 15 de septiembre en el interior de una alcantarilla ubicada en el barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.
Este viernes 18 de septiembre, el Instituto de Medicina Legal de Colombia confirmó de manera oficial que la pequeña falleció a causa de asfixia, mientras que la Fiscalía General de la Nación determinó que la menor también fue víctima de violencia sexual. El principal sospechoso del feminicidio, identificado como Shenner José Rojas Lárez —quien mantenía una relación sentimental con Rusmeiri González, hermana mayor de la víctima—, ya se encuentra bajo arresto.
Dinámica del crimen y tipificación como violencia vicaria
De acuerdo con la investigación de las autoridades fiscales, el abominable suceso encaja en la categoría de violencia vicaria, un concepto definido como aquel en el que el agresor causa daño a los hijos de la mujer con el único propósito de infligir un sufrimiento insuperable a la madre, convirtiendo a los menores en instrumentos de venganza y control.
Los hechos se desencadenaron tras una fuerte discusión entre Rusmeiri y Rojas Lárez en su residencia situada en el municipio de Mosquera (Cundinamarca). Tras el altercado, la joven acudió a una estación policial en busca de resguardo y le pidió a la pequeña Ana Lucía que solicitara apoyo en una panadería cercana. Cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto en que el agresor obligó a la niña a abordar una motocicleta para luego retornar sin ella.
A pesar de la denuncia interpuesta por la familia, la respuesta institucional inicial no logró evitar el desenlace fatal. El cuerpo de la menor fue localizado gracias a un grupo de niños que jugaban en las inmediaciones del sector y alertaron a los vecinos.
Judicialización y debate legislativo
Tras las labores de inteligencia, Rojas Lárez fue capturado en Bogotá y presentado ante un juez de control de garantías, instancia donde la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y acto sexual con menor de 14 años. El imputado no aceptó los cargos, pero el estrado judicial le dictó medida de aseguramiento intramural.
El caso ha reavivado en Colombia el debate sobre la tipificación jurídica de la violencia vicaria —término acuñado en 2012 por la psicóloga Sonia Vaccaro—. Actualmente cursa en el Congreso el proyecto conocido como «Ley Gabriel Esteban», orientado a incorporar esta tipología penal en la legislación nacional. Organizaciones sociales advierten sobre el preocupante subregistro institucional, recordando que la Fundación Colombiana Contra la Violencia Vicaria documentó miles de casos en los últimos años, evidenciando la urgencia de políticas públicas efectivas para la protección de la infancia.
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