Un portal especializado en ciberamenazas alerta sobre la exposición de más de 25.000 registros personales de funcionarios pertenecientes a los principales organismos de seguridad del Estado venezolano.
El ecosistema de seguridad digital venezolano se enfrenta a un posible incidente de seguridad de alto impacto. Este domingo 19 de abril, el portal de monitoreo de ciberamenazas Dark Web Informer reportó la publicación de una base de datos que contendría información privada de aproximadamente 25.200 funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Alcance de la exposición de datos
Según la información difundida en la red social X, los datos habrían sido volcados en un foro especializado en ciberdelincuencia por actores que se autodenominan «GordonFreeman» y «Shukaku_Daemon». El desglose de la presunta filtración se detalla de la siguiente manera:
SEBIN: 3.200 registros.
CICPC: 22.000 registros.
La información expuesta incluiría datos altamente sensibles, tales como números de cédula de identidad, nombres completos, números de Registro de Información Fiscal (RIF), cuentas de correo electrónico (institucionales y privadas), usuarios internos de sistemas y números de contacto telefónico.
Origen y contexto de la intrusión
Los individuos responsables de la divulgación aseguran que el acceso a estos archivos fue el resultado de una operación de «test de penetración» o pentesting no autorizado contra las plataformas gubernamentales. Además, los involucrados señalaron que esta incursión forma parte de una campaña de mayor escala que habría incluido intentos de vulneración a los sistemas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Ausencia de confirmación oficial
Hasta el momento, los organismos afectados —SEBIN y CICPC— no han emitido comunicados oficiales ni han confirmado la veracidad de la filtración o la integridad de sus sistemas. La falta de un pronunciamiento oficial mantiene a la opinión pública y a los expertos en ciberseguridad a la expectativa, mientras se espera que las autoridades competentes realicen una auditoría técnica para determinar el alcance real de esta vulneración y mitigar posibles riesgos adicionales para el personal afectado.
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