El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo activaron investigaciones penales y acompañamiento a las víctimas tras denuncias de ONG sobre criminalización, humillación pública y arrestos arbitrarios de 33 ciudadanos.
BARQUISIMETO, VENEZUELA – El Ministerio Público confirmó la aprehensión de cinco oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Barquisimeto, estado Lara. La medida judicial se ejecutó luego de que diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaran públicamente un allanamiento ilícito, cobros extorsivos y la detención arbitraria de al menos 33 hombres dentro de un sauna dirigido a la comunidad LGBTIQ+. Los agentes implicados serán presentados en las próximas horas ante un tribunal de control local.
A través de un comunicado oficial, el cuerpo policial informó que se activaron de manera oportuna los mecanismos de control interno para poner a los funcionarios a la disposición de la justicia. Para dirigir la investigación penal en torno al asalto del local y a la ejecución de conductas contrarias a la ética pública, la Fiscalía General de la República comisionó a la Fiscalía 21 del estado Lara, en trabajo conjunto con la Fiscalía 98 Nacional con competencia en Protección de Derechos Humanos y Diversidad de Género.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que ofreció mediación y acompañamiento a los afectados por los hechos ocurridos el pasado sábado 30 de mayo. El ente defensorial activó mesas de articulación con la Oficina de Atención a la Víctima de Abuso Policial de la PNB para realizar un seguimiento riguroso al caso.
Denuncias de discriminación y «delito de homosexualidad»
El Observatorio Venezolano de Violencias LGTBIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento Somos alzaron su voz este domingo 31 de mayo para repudiar el procedimiento. De acuerdo con los testimonios recabados por los activistas, los policías —quienes actuaron vestidos de civil— irrumpieron en el centro de entretenimiento y acusaron formalmente a los presentes de “ejercer el delito de la homosexualidad”.
Las ONG advirtieron en un manifiesto conjunto que este grave suceso criminaliza la orientación sexual, somete a los ciudadanos a la humillación pública y vulnera flagrantemente los derechos de los propietarios del establecimiento. Ante este escenario, exigieron un proceso judicial inmediato y exhaustivo para sancionar a los responsables del atropello.
Jau Ramírez, director del Movimiento Somos, detalló mediante sus redes sociales que en el despliegue ilegal estuvieron involucrados al menos 12 funcionarios plenamente identificados por las víctimas, entre ellos los propios comandantes de una división larense de la PNB. Asimismo, el activista Romario Sánchez alertó en declaraciones a la agencia EFE que este patrón de «incidentes de odio» no es nuevo, pues se han contabilizado allanamientos similares en al menos ocho locales de la comunidad desde el año 2020 en ciudades como Caracas, Valencia, Mérida y Maracaibo.
Antecedentes y desprotección histórica
Esta nueva agresión policial evoca de manera directa lo ocurrido en julio de 2023 en el estado Carabobo, donde 33 hombres fueron privados de libertad en un local privado bajo los cargos de «ultraje al pudor», «agavillamiento» y «contaminación sónica», siendo excarcelados días después ante la presión y las masivas protestas de la sociedad civil.
Dicho precedente motivó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en agosto de ese mismo año, a manifestar su profunda preocupación por los abusos de autoridad cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, instando al país a frenar la criminalización del colectivo.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la situación de vulnerabilidad jurídica que afronta la población LGBTIQ+ en Venezuela, un país donde las parejas del mismo sexo carecen del derecho al matrimonio civil y donde las personas trans continúan rezagadas al ser obligadas legalmente a identificarse con nombres que no corresponden a su identidad de género.
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