El principal sospechoso quedó en libertad por falta de pruebas, mientras la familia de la estudiante venezolana exige justicia inmediata.
El proceso judicial en curso
La fiscalía de Perú determinó la liberación del ciudadano que permanecía bajo custodia como presunto responsable del asesinato de Yisneidy, la joven oriunda del estado Barinas. Tras cumplirse el plazo legal de las 48 horas de aprehensión preventiva, las autoridades judiciales alegaron que no existen pruebas suficientes para mantener la medida privativa de libertad en esta etapa del proceso.
La decisión ha generado una profunda preocupación entre los allegados de la víctima, quienes temen que la liberación del sospechoso entorpezca el avance de las investigaciones o facilite una posible evasión de la justicia. A pesar de esta medida, los entes investigadores aseguraron que el caso permanece abierto y se encuentran recolectando nuevos elementos que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.
Un futuro truncado en el extranjero
Yisneidy se encontraba en territorio peruano con el objetivo de forjar un mejor futuro profesional. La joven era estudiante de enfermería en el instituto América, donde se destacaba por su vocación de servicio y compromiso académico. Sus compañeras de estudio, visiblemente afectadas por la noticia, realizaron actos de memoria en la institución para lamentar su deceso y recordarla como una mujer trabajadora y llena de sueños.
El vacío dejado en la comunidad estudiantil se suma al dolor de su familia en Venezuela. En su natal Barinas, familiares y amigos han iniciado jornadas de protesta pacífica y campañas en redes sociales para visibilizar el caso. La exigencia es unánime: que las autoridades peruanas agoten todas las instancias necesarias para identificar y condenar al culpable del feminicidio.
El llamado de los familiares
Desde Venezuela, la familia de la joven ha solicitado el apoyo de la cancillería y de organismos internacionales de derechos humanos para dar seguimiento al caso. Según declaraciones de sus parientes, existen indicios que no han sido valorados adecuadamente por la fiscalía local y piden que se revise el historial de la relación de pareja como parte de la evidencia.
La situación resalta la vulnerabilidad de las mujeres migrantes y la necesidad de una respuesta judicial rápida y efectiva ante hechos de violencia de género. Mientras tanto, en Barinas, el clamor por justicia no se detiene, esperando que la muerte de la estudiante no se convierta en una cifra más de impunidad en la región.
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