La comunicadora social y su hija recibieron libertad plena luego de determinarse que el caso responde a un conflicto vecinal sin materia penal. El gremio periodístico exige investigar presuntas agresiones por parte de los funcionarios actuantes.
La periodista zuliana Priselen Martínez y su hija, Isabel Sandoval, fueron puestas en libertad plena la noche de este miércoles 3 de junio, tras haber permanecido bajo arresto durante 12 horas en la capital zuliana; una medida que los gremios profesionales calificaron como una «detención arbitraria».
La información fue confirmada oficialmente por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Zulia, a través de sus plataformas digitales. El gremio precisó que la liberación se logró gracias a la intervención jurídica de la abogada Vileana Meleán Valbuena, quien demostró ante las autoridades que la causa carece de sustentación en materia penal, determinándose que el origen del suceso responde estrictamente a un conflicto de convivencia vecinal.
Los hechos que desencadenaron el procedimiento policial tuvieron lugar en el Complejo Habitacional Villa Francisco Delgado, ubicado en la parroquia Coquivacoa, en la zona norte de la capital zuliana.
Denuncias de abusos y mediación civil
Durante el tiempo en que estuvieron privadas de libertad, tanto Martínez como Sandoval permanecieron recluidas en el Comando Policial Milagro Norte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), situado en la referida avenida marabina.
Tras recuperar su libertad, las afectadas denunciaron formalmente haber sido blanco de agresiones físicas y verbales por parte de los oficiales que ejecutaron el arresto. Asimismo, manifestaron que esperan que la situación habitacional sea canalizada y resuelta formalmente en los próximos días por las vías administrativas correspondientes a través de la Intendencia local.
Gremio exige responsabilidades
Postura gremial: La directiva del CNP Zulia fijó una posición contundente de rechazo frente al trato recibido por la comunicadora social y su familiar, exhortando a las autoridades competentes a esclarecer las irregularidades del procedimiento.
Joanna Barboza, miembro de la junta directiva del CNP en la región, lamentó públicamente el incidente: «A nuestra colega Priselen y a su hija les tocó vivir esta injusticia, una situación que debe ser inmediatamente investigada». En sintonía con este reclamo, la también dirigente gremial Andreína Socorro sumó su voz para exigir «una investigación detallada y profunda de los hechos» para determinar las responsabilidades de los funcionarios actuantes en el calabozo policial.
Diariorepublica.com
