Fiscalía de Curazao solicita prisión por mortal naufragio de venezolanos
La tragedia migratoria ocurrida en marzo de 2020 en las costas de Curazao, que cobró la vida de al menos 15 venezolanos, ha escalado a la esfera judicial. La Fiscalía de Curazao ha solicitado penas de prisión para dos hombres, presuntos responsables de operar la embarcación que naufragó mientras transportaba de manera irregular a un grupo de migrantes desde el estado Falcón, Venezuela.
Los hechos se remontan a la tarde del domingo 2 de marzo de 2020, cuando la lancha, identificada como “Piska Fresku Curacao”, zarpó desde San José de la Costa, en el municipio Píritu del estado Falcón. Su destino era la isla de Curazao, a la cual los pasajeros buscaban ingresar de forma indocumentada. La embarcación nunca llegó a puerto, desatando una angustiosa búsqueda en el Mar Caribe.
La operación de rescate y el luto
La alerta de la desaparición fue recibida por la Guardia Costera del Caribe Neerlandés el martes 4 de marzo. Tras iniciar un operativo de gran escala, que incluyó vuelos de un helicóptero y un avión de patrullaje Dash, las autoridades neerlandesas localizaron la lancha volcada en aguas de Curazao.
En medio del oleaje, los equipos de rescate lograron salvar a diez personas: seis hombres y cuatro mujeres, todos de nacionalidad venezolana. Los sobrevivientes confirmaron a la Guardia Costera que había muchas más personas a bordo, lo que desencadenó una intensa fase de búsqueda de desaparecidos.
«Los sobrevivientes indicaron que aún hay más personas desaparecidas», reportó en su momento la Guardia Costera del Caribe Neerlandés.
Inicialmente, los familiares en Falcón estimaron que más de 20 personas viajaban en la precaria travesía. Con el paso de los días, la cifra de víctimas mortales no paró de crecer, confirmándose al menos 15 fallecidos. La mayoría de los pasajeros eran oriundos del estado Falcón, sumido en una profunda crisis socioeconómica que impulsa estas peligrosas rutas migratorias.
Responsabilidad criminal
El proceso judicial se enfoca en determinar la responsabilidad penal de los operadores de la embarcación en esta catástrofe. La solicitud de cárcel por parte de la Fiscalía de Curazao subraya la gravedad de los delitos asociados al tráfico ilícito de migrantes y las fatales consecuencias de exponer a personas vulnerables a estas condiciones de riesgo extremo.
Este caso se ha convertido en un sombrío recordatorio de los peligros que enfrentan los venezolanos que optan por vías marítimas irregulares para huir de su país. Las autoridades de Curazao buscan sentar un precedente claro contra quienes se lucran con el desespero humano, exigiendo justicia por las vidas perdidas en el naufragio.
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