
Franklin Jesús Fernández, de 38 años y conocido como “El Mocho”, fue ultimado a balazos la tarde de este martes 16 de diciembre en un presunto acto de sicariato que ha encendido las alarmas en el municipio Machiques de Perijá, en el estado Zulia.
La tranquilidad del sector La Morena se vio interrumpida violentamente alrededor de las 4:00 p.m., cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a Fernández en la emblemática Plaza El Indio. Según testigos, los atacantes actuaron con fría precisión: sin mediar palabra alguna, abrieron fuego indiscriminadamente contra la víctima, asestándole múltiples impactos de bala que resultaron fatales.
Franklin Jesús Fernández, miembro activo y respetado de la etnia Yukpa, era una figura de significativa relevancia dentro de su comunidad. Era hijo de la reconocida líder indígena «Anita», quien ostenta el cargo de cacique mayor de la cuenca Toromo en la Sierra de Perijá. Este vínculo familiar directo no hace sino complejizar la naturaleza del crimen y la repercusión inmediata en la zona.
Tras el ataque, Fernández fue trasladado de urgencia al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Libertad en un intento desesperado por salvar su vida. Lamentablemente, ingresó al centro de salud ya sin signos vitales, confirmando el desenlace fatal del atentado.
Tensión y alerta máxima en la Sierra
El asesinato ha generado un estado de profunda conmoción y una palpable tensión entre las comunidades indígenas de la Sierra de Perijá. Fuentes como Rosario 95.9 FM han reportado en sus plataformas digitales que el suceso ha desencadenado una situación de orden público delicada, manejándose diversos escenarios de riesgo.
La principal preocupación de las autoridades locales se centra en el temor a posibles enfrentamientos armados o acciones de retaliación por parte de grupos aborígenes como respuesta directa a lo que se percibe como una ejecución selectiva. El patrón operativo, donde sicarios motorizados actúan con rapidez y contundencia, apunta directamente a un asesinato por encargo.
Como manifestación inmediata de protesta y una forma de control territorial, las comunidades indígenas han tomado medidas drásticas. Se ha reportado el cierre de las principales vías de acceso que conducen a las diferentes cuencas de la Serranía. Esta acción restringe severamente el paso de vehículos y personas, aislando temporalmente la zona mientras se exige justicia y garantías de seguridad.
Este trágico evento se suma a una preocupante escalada de violencia registrada en la jurisdicción de la Sierra de Perijá durante los últimos meses, marcada por un aumento en la tasa de mortalidad y sucesos violentos que desestabilizan la región.
Cuerpos de seguridad del estado, incluyendo unidades de inteligencia e investigación, se han desplegado de inmediato en el municipio. Su labor se centra en el levantamiento de información forense y testimonial para intentar dar con el paradero de los responsables materiales e intelectuales del crimen. Hasta el momento, ninguna hipótesis ha sido descartada oficialmente; sin embargo, el modus operandi del ataque sugiere fuertemente una ejecución selectiva, enfocando las pesquisas en posibles motivos ligados a conflictos de poder o territoriales dentro de la intrincada dinámica de la zona. La investigación está en curso para determinar el móvil exacto y calmar la creciente ola de indignación y miedo en Machiques de Perijá.
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