Agentes federales trasladaron al migrante a un centro de detención con un proyectil alojado cerca de la columna vertebral, tras ser dado de alta de manera apresurada.
El migrante venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez denunció que fue dado de alta hospitalaria y trasladado a un centro de detención de inmigración con un proyectil alojado cerca de su columna vertebral. Según el testimonio de Garcés Pérez, el personal médico del centro de salud argumentó que no era posible realizar la cirugía de extracción debido a que los agentes federales mantenían prisa por ponerlo bajo custodia.
El afectado cuestionó la decisión médica al señalar que continuaba experimentando un dolor severo en la zona del impacto. A pesar de sus reclamos, fue entregado a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante la tarde. Posteriormente, en la madrugada del lunes, ingresó al centro de detención ubicado en Pearsall, a unos 220 kilómetros de la ciudad de Austin.
La abogada Kate Lincoln-Goldfinch, representante legal del detenido, explicó que Wilber Garcés Pérez ingresó a Estados Unidos en 2024 mediante la plataforma CBP One, mecanismo que permitía coordinar citas en los puertos de entrada fronterizos para solicitantes de asilo. A partir de ese proceso, el ciudadano venezolano obtuvo una autorización de empleo y mantenía un expediente activo ante los tribunales de inmigración.
Sin embargo, un fallo administrativo derivó en una orden de deportación en ausencia. La defensora precisó que Garcés Pérez notificó un cambio de domicilio, pero el sistema informático no procesó la actualización de su residencia actual. Como consecuencia, la notificación oficial con la fecha de la audiencia decisiva nunca llegó a su buzón postal, lo que provocó su inasistencia involuntaria al tribunal.
Esta situación desencadenó una orden de expulsión emitida por un juez de inmigración bajo la figura legal de in absentia. Este tipo de resoluciones judiciales registró un incremento sustancial, alcanzando la cifra de 281.867 órdenes de deportación por no comparecencia en lo que va del presente período fiscal, según las estadísticas de las autoridades correspondientes.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la apertura de una investigación interna sobre el incidente operativo ocurrido en Austin. A través de un comunicado oficial, la institución sostuvo que Wilber Rafael Garcés Pérez se encontraba en situación irregular en el país y justificó la intervención de los agentes de ICE como parte de un procedimiento policial programado.
El caso de Garcés Pérez reabre el debate sobre el uso de la fuerza por parte de los organismos federales de control migratorio y la garantía del acceso a la atención médica básica para las personas bajo custodia del Gobierno de Estados Unidos.
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