La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) sancionó a Google con 403 millones de euros, tras concluir una investigación de seis años sobre el manejo irregular y el almacenamiento prolongado de los datos de geolocalización de los usuarios en la Unión Europea.
Tras una rigurosa indagación que se extendió por espacio de seis años, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) emitió este lunes una multa histórica de 403 millones de euros contra el gigante tecnológico Google, por infracciones graves a la normativa europea de privacidad.
La investigación, originada en febrero de 2020 a partir de denuncias formuladas por agrupaciones de defensa de los consumidores a nivel europeo como el BEUC, examinó a fondo tres funciones de seguimiento: Web & App Activity, Location History y Location Accuracy. El análisis abarcó el período comprendido entre la entrada en vigencia del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), el 25 de mayo de 2018, y febrero de 2020.
Fallas en la transparencia y tratamiento de datos
De acuerdo con el fallo emitido por los comisionados Des Hogan, Dale Sunderland y Niamh Sweeney —en estrecha coordinación con autoridades supervisoras de otros Estados miembros de la UE—, se determinó que Google incurrió en múltiples violaciones al GDPR. Entre los principales señalamientos destacan la falta de licitud, equidad y transparencia en el procesamiento de la información geográfica de los usuarios, además de conservar dichos registros por lapsos superiores a los estrictamente necesarios.
Al respecto, el Comisionado Adjunto Graham Doyle recalcó la sensibilidad del material comprometido. “Los datos de ubicación pueden revelar información profundamente personal sobre los individuos, incluso cuando se combinan indirectamente con otros datos que posee Google. Como resultado de las fallas de Google en este aspecto, las personas podrían no haber sido conscientes de que su ubicación se estaba utilizando… y podrían haber perdido el control sobre sus datos personales”, advirtió Doyle.
Plazos y exigencias regulatorias
Como parte de la resolución, el organismo regulador irlandés otorgó a la compañía un plazo límite de seis meses para adecuar sus políticas de procesamiento de datos a las exigencias legales del bloque comunitario.
Esta sanción económica se incorpora a la creciente lista de penalizaciones impuestas por los entes reguladores europeos a las grandes empresas tecnológicas en materia de libre competencia, publicidad digital y protección de la privacidad, evidenciando un endurecimiento en la fiscalización del manejo de información personal en la región.
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