El aumento del salario mínimo en 58% que entraría en vigencia el primero de marzo, de acuerdo con el presidente de la República, Nicolás Maduro, deberá ser aplicado por las empresas del país a partir del 15 de febrero, detalla el decreto N° 3.301 publicado en la Gaceta Oficial N° 41.351 del primero de marzo de 2018.
La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), María Carolina Uzcátegui, sostuvo que la compensación per se no impacta fuertemente la estructura de costos de las empresas en la actualidad, pero criticó la ilegalidad de la retroactividad. “El gobierno emite un decreto el primero de marzo con vigencia desde el 16 de febrero anterior, eso es ilegal, no se puede hacer”, explicó.
El Ejecutivo aumentó el salario mínimo de 248.510 a 392.646 bolívares, por orden del presidente Nicolás Maduro el jueves de la semana pasada. El retroactivo, desde el 15 de febrero al término del mes, equivale a un monto por pagar de 170.146 bolívares por trabajador.
El economista y asesor de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní (Camcaroní), Fidel Hernández, señaló que la retroactividad del decreto genera un pasivo financiero a las empresas, que mes a mes luchan por mantener en el barco al talento humano, tenga poca o mucha antigüedad.
“La planificación en Venezuela se ha vuelto cuesta arriba, uno estima que el próximo aumento será para el primero de mayo pero para este se tardó mes y medio, y es posible que lo haga mensual y quincenal. No sabemos qué va a pasar y eso pasa con todo. Este es el país de la incertidumbre, de la hiperinflación”, explicó Uzcátegui.
En 2017, la Asamblea Nacional estimó que la inflación cerró en 2.616% y las proyecciones para el año en curso son superiores y sumamente desalentadoras. Hernández sostuvo que “mantener una empresa abierta y mantener a los trabajadores es un reto y un día a día luchando”.
Pero, aseguró, que más allá de los incrementos oficiales de salario mínimo, “las empresas que pretendan mantenerse abiertas tienen que mejorar el ingreso de sus trabajadores”. En la actualidad, la remuneración mínima legal de 1 millón 307 mil 646 bolívares de los trabajadores venezolanos que resulta de la suma del salario mínimo más el bono de alimentación, permite cubrir solo 3,6% de la cesta básica familiar de enero.
“No hay solución en el país que no tome en cuenta el mejoramiento del ingreso de los trabajadores. Actualmente, las empresas están por su propia cuenta incrementando por lo menos el bono alimentario, no es fácil conseguir una empresa que no esté pagando al menos un millón de bolívares en bono alimentario, es la única forma de poder contar con el trabajador”, ilustró.
Aseguró que en estos casos, por ser aumentos individualizados, el impacto en la inflación es menor; “cuando lo ordena el gobierno, de forma generalizada, sí causa el perjuicio de incrementar los precios en cadena y generar mayor índice inflacionario”.
“El problema no es el aumento salarial, el problema es la hiperinflación”, puntualizó Uzcátegui por su parte.
Correo del Orinoco
