La multinacional colombiana reactivó su intercambio comercial apuntando al potencial de reconstrucción de infraestructura en el país. La empresa mantiene abierta su reclamación legal por la expropiación de Cemento Andino en 2007.
En una muestra del dinamismo que experimenta el comercio binacional, la multinacional Cementos Argos oficializó el restablecimiento de sus relaciones comerciales con Venezuela. La corporación colombiana diseñó una hoja de ruta exportadora que prevé colocar en el mercado venezolano un volumen estimado de 5.000 toneladas de cemento al mes de forma progresiva, aprovechando la actual coyuntura de apertura económica y reconfiguración política que atraviesa la nación caribeña.
Este retorno estratégico posee un fuerte componente histórico: Argos fue la última empresa privada operadora y propietaria de la planta Cemento Andino, ubicada en el estado Trujillo, hasta que el Estado venezolano ejecutó su expropiación en el año 2007. A pesar de los antecedentes, la cúpula de la cementera ratificó que observa en Venezuela un mercado con un «gran potencial a largo plazo», idóneo para el flujo de materiales de construcción.
La vicepresidenta financiera de Cementos Argos, Natalia Ochoa, detalló que el cumplimiento de la meta de las 5.000 toneladas mensuales se sustentará en un modelo de expansión escalonado. El plan de negocios se apalancará de forma directa en la robusta infraestructura logística transfronteriza de la compañía y en la reactivación de redes de distribución aliadas que ya operan dentro del territorio venezolano.
Apuesta por la reconstrucción y la reactivación industrial
De acuerdo con las proyecciones de la junta directiva del Grupo Argos, el objetivo de este reingreso es posicionar a la marca en una ubicación preferencial ante una inminente reactivación de la actividad constructora, la reparación de obras públicas y la demanda de insumos por parte del sector industrial privado en Venezuela.
Como uno de los gigantes del cemento en el continente, la multinacional colombiana cuenta con un músculo operativo distribuido en 16 países y despacha cargamentos a más de 30 destinos internacionales, gracias a una red que integra plantas de molienda, terminales portuarias privadas y flotas de distribución especializada.
El litigio de los activos sigue en la agenda
Al ser consultada sobre el conflicto legal derivado de la confiscación de sus instalaciones en el estado Trujillo hace casi dos décadas, Ochoa aclaró que los procesos de reclamación internacional y las vías jurídicas institucionales permanecen completamente activos.
No obstante, la alta ejecutiva matizó que la resolución definitiva de este diferendo económico no solo es un acto de justicia corporativa, sino que funcionaría como el catalizador ideal para que la multinacional evalúe inversiones de mayor envergadura y una permanencia física mucho más profunda en el país en los años venideros.
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