
Once comercios fueron multados en Maracaibo con una sanción de 30 mil unidades tributarias durante las inspecciones ejecutadas a los establecimientos durante la última semana, por parte de la Secretaría de Seguridad del Zulia, el Indepabis y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Así lo informó el secretario de Seguridad de la entidad, Jairo Ramírez, ayer, en rueda de prensa desde el Comando Regional número 3. En un balance que correspondió al despliegue del Órgano Superior de la Economía, el funcionario detalló que durante la última semana fueron visitados 102 locales, en los que se realizaron 19 inspecciones y 83 fiscalizaciones. Además, Ramírez destacó que el día sábado fue cerrado un local por 72 horas, ubicado en un centro comercial del norte.
La cantidad de procesos administrativos iniciados durante los procedimientos fue de 59, mientras que los ilícitos detectados en los establecimientos son: imposición de precios, remoción de etiquetas, doble marcaje, incremento de precio injustificado, actuación comercial irregular, ofertas engañosas, promociones no autorizadas por el Indepabis y obstrucción a la información, según detalló el secretario de Seguridad del Zulia.
“Igualmente estamos haciendo seguimiento a todos los contenedores que están llegando al Puerto de Maracaibo, esto con la idea de que no vaya a haber retraso en la salidas de estos artículos y de que haya reposición inmediata de todos los bienes y servicios que están pasando por esta vía marítima, para así evitar, además, que haya una reexportación de estos contenedores que están llegando”, expresó.
En cuanto a personas detenidas en el Zulia, Ramírez aseguró que hasta ahora los casos los lleva el Ministerio Público, pero no ha habido detenciones.
Sin embargo, a nivel nacional el escenario refleja otra situación con una cifra de 36 detenidos por usura, especulación, acaparamiento y alteración ´del orden público, declaró, este martes, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien dijo “se buscan a otros 10”.
La información fue aportada a la salida de una entrega floral en la plaza Bolívar de Caracas para conmemorar los 44 años del Ministerio Público. “Se han intervenido varios comercios, pero donde el Ministerio Público ha tenido participación porque se han registrado eventos que revisten carácter penal tenemos 78. Los otros se han levantado procedimientos administrativos (…). Las personas que hasta ahora se mantienen privadas de libertad ascienden a 36”, detalló.
Ortega Díaz aclaró que las detenciones “no son solamente por los hechos relacionados con usura, acaparamiento y especulación, si no también que algunas de estas personas están privadas de libertad porque incurrieron en otros ilícitos, tales como intentos de alterar el orden público o hurtos, relacionados con los mismos hechos. Estas personas ya fueron debidamente presentadas, se les ratificó la privativa de libertad”. Refirió además que existen 10 órdenes de captura de personas prófugas de la justicia con ocasión de estos eventos.
Mientras tanto, ayer en horas de la tarde, el Gobierno nacional llevó a cabo la ocupación preventiva de las cinco tiendas Daka de todo el país.
Desde una de las sedes de este local comercial, ubicado en Boleíta, en Caracas, el jefe del Órgano Superior para la Defensa de la Economía, mayor general Hebert García Plaza, informó que “en las próximas 48 se iniciará un proceso de reposición de inventario en las cinco tiendas”. El coronel Hermes Carreño encabezará la administración de las empresas.
También dijo que las otras cadenas que venden electrodomésticos está garantizada la reposición.
“Hemos hablado con la empresa Frigi Mac que tiene en sus depósitos inventarios de más de 325 mil artículos para que se garantice la continuidad de los inventarios de tiendas como Mundo Samira, Dorsay Electronic y Pablo Electronic. La cadena JVG garantizó que tiene inventarios suficientes para continuar laborando durante el resto del mes de noviembre y diciembre”.
García Plaza hizo un llamado de reflexión a los comerciantes del país para que bajen los precios, al tiempo que destacó que la medida “no obedece a una estrategia política, sino a la recepción de denuncias del pueblo”.
Vía Panorama