Juan Carlos Andrade, director jurídico de la Cámara Petrolera de Venezuela, afirma que el nuevo marco legal regulariza las alianzas estratégicas actuales. El experto destaca que las reservas y la ubicación geográfica del país aceleran un cambio «vertiginoso» en la percepción de los inversores globales.
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, actualmente bajo debate parlamentario, no solo busca atraer capitales, sino dotar de orden y seguridad jurídica a dinámicas que ya operan en el terreno. Así lo sostuvo el abogado especialista Juan Carlos Andrade, director jurídico de la Cámara Petrolera de Venezuela, quien calificó la iniciativa como una pieza clave para la estabilización del sector.
En entrevista para Unión Radio, Andrade explicó que el proyecto de ley viene a «regularizar» el rol del capital privado dentro de las empresas mixtas, adaptando la normativa venezolana a una tendencia global donde más de 70 naciones productoras han flexibilizado sus marcos legales para competir por la inversión extranjera.
Puntos destacados de la reforma:
Flexibilidad Operativa: El nuevo marco otorgará al Estado un «abanico de opciones» para definir niveles de gestión activa o pasiva, permitiendo esquemas de participación privada ajustados a la realidad de cada proyecto.
Ventaja Competitiva: Pese a la reducción de capital disponible a nivel mundial, Andrade subrayó que Venezuela posee activos inigualables: las mayores reservas del planeta y una ubicación geográfica estratégica.
Seguridad Jurídica: El experto recordó que el país ya dispone de tratados internacionales y garantías legales que protegen al inversor, lo que está provocando un cambio de percepción favorable en los mercados internacionales.
Un cambio de paradigma
Para el representante de la Cámara Petrolera, la visión externa sobre el potencial energético venezolano está experimentando una transformación radical en un periodo muy corto. «Hace meses no lo veían atractivo y creo que eso está cambiando de forma vertiginosa», sentenció Andrade.
La reforma busca, fundamentalmente, que el Estado mantenga el control estratégico mientras permite que el sector privado asuma un protagonismo mayor en la operatividad, un modelo que Andrade considera esencial para aprovechar la ventana de oportunidad que ofrece el mercado energético actual.
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