El parlamento abre vías alternativas de liberación mediante indultos presidenciales y revisiones judiciales para casos no contemplados en la ley actual
El panorama político en Venezuela atraviesa un momento de definiciones jurídicas tras los recientes anuncios del poder legislativo. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó este sábado que un grupo significativo de personas que no califican para la actual ley de amnistía está bajo consideración para recibir medidas de gracia o indultos directamente desde el ejecutivo nacional. Esta declaración surge en un contexto de intensa revisión de los casos de detenciones por motivos políticos en el país.
Nuevos mecanismos de liberación fuera de la amnistía
Durante un encuentro con la prensa en Caracas, tras una reunión de consulta pública sobre la regulación de la Cruz Roja Venezolana, Rodríguez explicó que el alcance de la ley de amnistía es riguroso y específico en sus términos. No obstante, aclaró que esto no cierra las puertas a otros beneficios procesales. Según el jefe del parlamento, se está trabajando en un ámbito de acción que permite al ejecutivo otorgar indultos, una facultad que busca complementar el proceso de pacificación iniciado a principios de este año.
La ley de amnistía vigente cubre teóricamente el período comprendido entre 1999 y 2026. Sin embargo, el texto especifica solo 13 coyunturas políticas precisas desde el año 2002. Esta delimitación técnica deja fuera arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, además de excluir sistemáticamente a los procesados por casos vinculados a operaciones militares. Ante estas limitaciones, el gobierno propone el uso de instancias como el programa de convivencia y paz o la comisión para la revolución judicial para atender casos particulares.
El caso de Juan Pablo Guanipa como precedente
Para ilustrar cómo operarán estas medidas alternativas, Rodríguez mencionó el caso reciente del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa. A pesar de que, según el criterio del legislativo, Guanipa no cumplía con los requisitos estrictos para ser amnistiado por haber convocado acciones calificadas como violentas, el ejecutivo decidió otorgarle una medida de libertad plena. El presidente del parlamento enfatizó que este tipo de decisiones forman parte de una voluntad política por avanzar en la distensión del conflicto interno.
Este enfoque sugiere que el gobierno utilizará la discrecionalidad del indulto para gestionar casos de alto perfil que la normativa general no puede absorber. Rodríguez instó a los beneficiarios a valorar estas medidas, que se presentan como un gesto de buena voluntad en el marco de las mesas de diálogo y consulta que se mantienen activas en la capital.
Cifras y solicitudes de la sociedad civil
La organización no gubernamental Foro Penal, que lidera la defensa técnica de los detenidos por causas políticas, ha manifestado su preocupación por el volumen de personas que permanecen tras las rejas. Según sus estimaciones, al menos 400 detenidos podrían quedar fuera del beneficio de la amnistía debido a las restricciones del texto legal. En respuesta a esto, la ong anunció el envío de una primera lista de 232 casos específicos para que sean revisados detalladamente por la comisión especial del parlamento.
Por su parte, el diputado Jorge Arreaza, encargado de la comisión de seguimiento de la ley, informó que la fiscalía general ya ha formalizado 379 solicitudes ante los tribunales. Estas acciones han permitido que, desde el 8 de enero, un total de 448 personas hayan recuperado su libertad, aunque los registros de las organizaciones civiles indican que todavía permanecen más de 600 ciudadanos en centros de reclusión por motivos políticos.
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