
El Ministerio para la Salud de Venezuela denunció este lunes que el operativo militar estadounidense ejecutado el pasado sábado 3 de enero incluyó un bombardeo contra el centro logístico estratégico del programa de diálisis y nefrología del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). El ataque, calificado por las autoridades como «cobarde y grotesco», pone en riesgo inminente la vida de miles de ciudadanos que dependen de estos insumos.
Daños críticos en la infraestructura sanitaria
El objetivo afectado se localiza en el sector Alfa 4 del Puerto de La Guaira, donde funcionaba el almacén central de suministros nefrológicos. Según el informe oficial, la infraestructura sufrió daños severos que resultaron en la pérdida de materiales esenciales para el tratamiento de insuficiencia renal a nivel nacional.
La institución alertó que esta acción impacta directamente sobre la salud de al menos 9.000 pacientes, cuya supervivencia está ligada a la disponibilidad continua de kits de diálisis y repuestos médicos que se custodiaban en dichas instalaciones.
Activación del Plan de Contingencia
Ante la gravedad de la situación, el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) ha puesto en marcha un operativo de emergencia para evitar la interrupción de los servicios:
Evaluación de daños: Personal técnico se encuentra en la zona cero cuantificando los insumos rescatables.
Logística de redistribución: Se están activando almacenes secundarios para garantizar que los materiales lleguen a las unidades de diálisis en todo el país.
Respaldo gremial: Los trabajadores del IVSS emitieron un comunicado de rechazo al ataque, reafirmando su compromiso de mantener el cuidado integral de los pacientes pese a la destrucción de los recursos.
Compromiso con el derecho a la salud
A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Ministerio enfatizó que el Gobierno continúa trabajando en la «logística concerniente a los insumos del programa» para asegurar que cada paciente cuente con el material necesario para su patología.
Este evento se suma a la lista de «daños colaterales» denunciados por el Ejecutivo tras la intervención extranjera, elevando la crisis a un nivel de emergencia humanitaria que trasciende el ámbito político y militar.
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