A pocas horas de presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la presidenta de la instancia internacional, Sofia Macher, señaló que la falta de garantías reales y la opacidad en la liberación de presos políticos evidencian que las estructuras de persecución siguen operando en el país.
Los recientes movimientos y señales de apertura mostrados por la administración interina en Venezuela responden a modificaciones de carácter superficial, toda vez que el aparato punitivo y de control social continúa operando plenamente bajo la amenaza latente de la represión, advirtió Sofia Macher, presidenta de la Comisión Internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Venezuela.
En el marco de una entrevista concedida previo a la presentación formal del informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Macher sostuvo que la detención de Nicolás Maduro constituyó un punto de inflexión y una «ventana de oportunidad»; sin embargo, recalcó que la estructura de mandos medios encargada de ejecutar las políticas de persecución sigue inalterada. «Todo sigue siendo como una Espada de Damocles; si te portas bien no pasa nada, pero si te sales de la línea, todo está allí, intacto, para volver a reprimir», aseveró la socióloga y defensora de derechos humanos.
Opacidad institucional, presos políticos y retorno de migrantes
La representante del organismo internacional cuestionó la falta de transparencia gubernamental respecto a la anunciada ley de amnistía y la liberación de cifras estimadas en 800 ciudadanos, apuntando que los registros oficiales nunca han sido publicados de forma auditable, mientras que la documentación recogida directamente de familiares sitúa la cifra actual de detenidos políticos entre 379 y 500 personas.
Como indicador contundente de la persistencia de un clima de inseguridad jurídica e institucional, Macher destacó que el retorno masivo de la diáspora venezolana —que supera los ocho millones de personas— y el regreso de los líderes opositores exiliados no se ha materializado. «Estoy segura de que ya hubiesen regresado si hubiera la posibilidad de un retorno digno, de que no van a ser reprimidos», puntualizó.
De cara al debate que sostendrá el Consejo de Derechos Humanos a principios de octubre para definir la renovación del mandato de la comisión, Macher enfatizó la necesidad indispensable de mantener una veeduría internacional independiente que verifique de manera rigurosa si se producen transformaciones efectivas, el cese de las prácticas de tortura y la garantía plena de los derechos fundamentales en el país.
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